18 de agosto. Se expide la primera Ley Federal del Trabajo.
Fuente: https://bit.ly/33cbpTd

El movimiento revolucionario de 1910 posibilitó, en el mediano plazo, cambios estructurales institucionales expresados en la Carta Magna sancionada el 5 de febrero de 1917. La confección de los artículos 3, 27 y 123 evidenció la necesidad que hubo de incluir los derechos sociales en la nueva legislación; legado indeleble del constitucionalismo mexicano para la humanidad.

De manera particular, la aprobación del artículo 123 presentó acalorados debates dentro del Congreso celebrado entre diciembre de 1916 y enero de 1917. El promotor del Constituyente, Venustiano Carranza, envió a la asamblea erigida en la ciudad de Querétaro un proyecto para su dictamen que no era muy diferente a lo establecido en el texto constitucional de 1857; en su propuesta, el Primer Jefe replicó el concepto de la libertad de trabajo y facultaba al Congreso federal para que pudiera legislar en materia laboral[1]; todo lo demás permanecía sin cambios sustanciales.

No obstante, el Congreso Constituyente impulsó y aprobó de manera unánime que en el artículo 123 se consignarán más derechos laborales: se prohibió el trabajo de infantes; se concedió un día de descanso por cada seis laborados; se incluyó la indemnización por accidentes de trabajo, y se estableció la existencia de un salario mínimo, entre otros.

A diferencia del proyecto de Carranza, en el que se omitió pronunciarse respecto a la sindicalización y el derecho de huelga, los diputados del Constituyente incluyeron estos derechos en las fracciones XVI y XVII de dicho artículo, las cuales a la letra dicen:

XVI.— Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc.

XVIII.— Las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. En los servicios públicos será obligatorio para los trabajadores dar aviso, con diez días de anticipación, a la Junta de Conciliación y Arbitraje, de la fecha señalada para la suspensión del trabajo. Las huelgas serán consideradas como ilícitas únicamente cuando la mayoría de los huelguistas ejerciere actos violentos contra las personas o las propiedades, o en caso de guerra, cuando aquéllos pertenezcan a los establecimientos y servicios que dependan del Gobierno. Los obreros de los establecimientos fabriles militares del Gobierno de la República, no estarán comprendidos en las disposiciones de esta fracción, por ser asimilados al Ejército Nacional[2].

El 18 de agosto de 1931, catorce años después de la promulgación de la Constitución de 1917, se expidió en México la primera Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del artículo 123. La nueva legislación en materia laboral, permitió en buena medida el corporativismo de las organizaciones obreras, pues reglamentó el sindicalismo e incluyó el contrato colectivo, los cuales no habían sido definidos en su totalidad en la Carta Magna[3].

La ley laboral de 1931, emanó de un contexto de crisis económica y en medio de una rispidez entre organizaciones obreras y patronales; mediante dicho ordenamiento, se pretendió dar cauce a las relaciones obrero-patronales inmersas en el México posrevolucionario.

 

[1] Suárez-Potts, William, “La Constitución de 1917 y la Ley federal del Trabajo de 1931”, disponible en https://bit.ly/2LwNKqi, consultado el 5-08-2019.

[2] Constitución de 1917. Texto original, disponible en https://bit.ly/2xEwiGk, consultado el 5-08-2019.

[3] Suárez-Potts, William, ibíd.

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