27 y 28 de septiembre. Consumación de la Independencia del Imperio mexicano.

Fuente: https://bit.ly/3kKwtYL

El 16 de septiembre de 1810 comenzó la lucha por la independencia de nuestro de país, producto de una serie de circunstancias políticas, económicas y sociales.

El avance de las tropas insurgentes comandadas por Miguel Hidalgo y en menor medida por Ignacio Allende, aunque fue precedido por  victorias importantes, fue finalmente detenido el 17 de enero de 1811 en la Batalla del Puente de Calderón.

Hidalgo y los primeros líderes insurgentes que lo acompañaron fueron apresados, enjuiciados y fusilados a mediados del mismo año, terminando con ello la primera etapa del movimiento independentista en el Virreinato de la Nueva España.

La lucha armada continuó liderada por el encumbramiento de un nuevo liderazgo insurgente encabezado por José María Morelos y Pavón, el cual, si bien no tuvo la efervescencia de la primera oleada, si buscó establecer con mayor claridad los propósitos jurídico políticos que habrían de orientar y dirigir a la nación que emanaría del proceso de independencia.

La Constitución de Apatzingán, sancionada el 22 de octubre de 1814, reconoció la libertad de la América Mexicana e invocó principios como la libertad y el derecho a la propiedad privada presentes en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente de Francia en agosto de 1789.

No obstante, debido a la poca presencia con la que contaban los insurgentes y la eventual aprensión y ejecución de Morelos –promotor del Congreso de Apatzingán— en diciembre de 1815, el proyecto constitucional novohispano no se concretó y la lucha insurgente vio mermadas sus fuerzas al grado de reducirse a pequeñas células guerrilleras que se concentraron al suroeste de la Nueva España, principalmente en lo que hoy es el estado de Guerrero.

La supremacía de las fuerzas realistas se hizo evidente, pues con el regreso al trono de la Corona española por parte de Fernando VII, en mayo de 1814, y la abolición de la Constitución de Cádiz de 1812, se superó la crisis política que propició en buena medida la revolución de Independencia.

Sin embargo, un nuevo alud de conflictos internos golpeó el reino español; en 1820, una década después del inicio de la guerra novohispana, el movimiento en defensa de la Constitución liberal de Cádiz de 1812, encabezado por Rafael de Riego y Antonio de Quiroga, obligó a Fernando VII a reconocer y jurar el texto constitucional el 7 de marzo de aquel año; en otra parte, el virrey Juan Ruíz de Apodaca proclamó la vigencia del texto constitucional en Nueva España, el 31 de mayo de 1820.

La entrada en vigor del primer texto constitucional de corte liberal en el reino español provocó fuertes rupturas de intereses entre las cúpulas políticas y religiosas.

El reconocimiento que hizo Fernando VII de la Constitución de Cádiz propició que en todo el reino español se instaurara la libertad de imprenta –que podemos traducir el día de hoy como libertad de expresión–, lo que a su vez desató la opinión pública novohispana en favor de la Independencia y, además, se resucitaron los decretos de las Cortes que, en un principio, abolieron la Inquisición, suprimiendo fueros y privilegios eclesiásticos.

Para los obispos novohispanos, el acatamiento de las disposiciones de la primera Constitución española era equivalente a simpatizar con la revolución política de la metrópoli, lo que a la postre se replicaría en todos los territorios del reino de forma inevitable.

Del mismo modo, para los altos mandos de las fuerzas realistas, la posibilidad de independizarse de la Corona española les abría la puerta para detentar grados militares más altos y de mayor influencia en comparación con lo que tenían bajo la tutela del rey. Aunado a lo anterior, existía la sensación de no haber obtenido el debido reconocimiento por parte de la metrópoli, cuando las fuerzas realistas impidieron la temprana separación de la Colonia.

La animadversión que los grupos mejor posicionados en la estructura piramidal de la Nueva España sentían por la recién nacida monarquía constitucional liberal era ocasionada por la inminente pérdida de privilegios.

La Conspiración de La Profesa en 1821 aglutinó a diversos personajes contrarios a la revolución política de la metrópoli, los cuales encargaron a Agustín de Iturbide llevar a cabo el golpe de Estado, la proclamación de la Independencia y la instauración de la una monarquía.

Sin embargo, Iturbide, quien no compartía enteramente los postulados de la Conspiración de la Profesa e influenciado por María Ignacia Rodríguez de Velasco, mejor conocida como “la Güera Rodríguez”, dilató los planes que se le habían encomendado para después proclamar el Plan de Iguala el 24 de febrero de 1821.

En esencia, dicho plan contenía los elementos necesarios para propiciar una independencia de la metrópoli y eventualmente instaurar una monarquía moderada, alejada del liberalismo de Cádiz, en el territorio que se identificaba como la América Septentrional.

Días antes de la proclama del Plan de Iguala, Iturbide había pactado la adhesión del último jefe insurgente partidario de las ideas de Hidalgo-Morelos: Vicente Guerrero.

El abrazo de Acatempan, ocurrido el 10 de febrero de 1821 condicionó la subordinación de la insurgencia del suroeste a Iturbide, a cambio de que éste impulsara la total independencia de España y mantuviera posiciones y mandos de la insurgencia.

El Plan de Iguala, en su artículo 16, contempló la formación de un ejército que recibiría por nombre como el de “Las Tres Garantías”; de acuerdo con Iturbide este pugnaría por la conservación de la religión católica, la independencia bajo un régimen monárquico y la unión de todos los habitantes de la América Septentrional.

Iturbide tuvo la virtud de negociar con éxito la anexión de diferentes guarniciones y mandos militares del ejército realista –creado para combatir la insurgencia—a su ejército Trigarante. De esta manera, pudo contar con el apoyo suficiente de las cúpulas militares y eclesiásticas, para concretar la independencia absoluta de la colonia novohispana.

Fue así que, con total apoyo de diversos sectores de influencia, Agustín de Iturbide celebró los Tratados de Córdoba con el teniente general Juan O’Donojú, último representante del reino español en territorio novohispano, el 24 de agosto de 1821.

Dicho documento recuperó lo señalado en el Plan de Iguala, adicionando en su apartado número 3 que las Cortes del naciente imperio designarían al futuro emperador, el cual podría ser alguno de los firmantes.

Con la firma de los Tratados de Córdoba, se declaraba oficialmente la Independencia de lo que fuera la más importante colonia del reino español. Sin embargo, la metrópoli no aceptó lo acordado unilateralmente por O’Donojú, por lo que Iturbide marchó hacia la Ciudad de México, sede de lo que fuera el poder virreinal, para entrar finalmente de manera triunfal con su “Ejército Trigarante” el 27 de septiembre de 1821, dando por finalizada la lucha por la independencia de la América Septentrional.

Al siguiente día, 28 de septiembre, se firmó el Acta de Independencia del Imperio mexicano.

Fuentes:

  • Guzmán Pérez, Moisés, “El Movimiento Trigarante y el fin de la guerra en Nueva España (1821)”, en Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, vol. 41, núm. 2, julio-diciembre, 2014, pp. 131-161, Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia.
  • Historia General de México, El Colegio de México. México, 2000.
  • Plan de Iguala, disponible en https://bit.ly/2G18zJK, consultado el 23-09-2020.
  • Tratados de Córdoba, disponible en https://bit.ly/3kD8ydS, consultado el 23-09-2020.
  • “27 de septiembre de 1821, Consumación de la Independencia de México.”, en Secretaría de la Defensa Nacional, disponible en https://bit.ly/33QP9PY, consultado el 23-09-2020.

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