11 junio. Entrada en vigor de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Fuente: https://bit.ly/3gieoRc

México experimentó un régimen de partido hegemónico pragmático, en términos de Giovanni Sartori, por aproximadamente setenta años. Desde la llegada al poder del grupo sonorense que se alzó con el triunfo al término de la Revolución, encabezado por Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, la institucionalización de los ideales y aspiraciones revolucionarias pretendió materializarse en las filas del Partido Revolucionario Institucional auspiciado inicialmente por Elías Calles.

El corporativismo mexicano, como ha sido conceptualizado por algunos teóricos contemporáneos de ciencia política, ha sido denominado así debido a que la estructura y el funcionamiento de las instituciones estatales estuvieron asociadas a un régimen político de carácter autoritario con altas concentraciones de poder. Asimismo, la promoción, incubación y desarrollo de los diferentes actores políticos, se dio en el seno del partido de Estado, de conformidad a la naturaleza de éste; la clase empresarial y las organizaciones obreras estuvieron al margen de lo acontecido en el seno de la estructura[1].

El surgimiento de organizaciones obreras y patronales con la complacencia del partido en el Poder fue viciando su propia naturaleza. Del mismo modo, la opacidad en el manejo de la administración pública y la falta de organismos auditores que escudriñaran el manejo de los recursos públicos hicieron que a lo largo de las décadas se fuera gestando, reproduciendo y acrecentando el problema de la corrupción en el país.

En la última década del Siglo XX en México, los gobiernos del otrora partido oficial ya acusaban una serie de amplios cuestionamientos de parte de varios sectores sociales. En la elección presidencial de 1988, se dio un triunfo muy dudoso del candidato del partido oficial y, a partir de entonces, hubo una proliferación de organizaciones políticas, cuya lucha giraba principalmente en torno a una verdadera democratización de la política y la transformación de la administración pública en nuestro país.

El sexenio de 1994 al año 2000 marcó el final de un periodo de setenta años ininterrumpidos de gobiernos emanados del partido revolucionario. La razón de ello fue la creciente presión social sobre las instituciones del Estado mexicano y un clamor generalizado en favor de la democratización de la política nacional.

Es así que, en el año 2000 llegó a la presidencia de la República uno de los partidos históricamente opositores al régimen. Para algunos analistas y académicos, el arribo de la alternancia implicó necesariamente un distanciamiento del nuevo gobierno en relación a las prácticas, las negociaciones, las alianzas o estilos de gobernar de sus antecesores [2].

En respuesta a la necesidad de democratizar y transparentar la vida pública de nuestro país en los tres órdenes de gobierno, el Congreso mexicano aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la cual entró en vigor el 11 de junio de 2002. La nueva legislación constaba de 4 títulos y 64 artículos; en su artículo 1 se establecía que:

La presente Ley es de orden público. Tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra entidad federal[3].

En el contexto político gubernamental de inicios del Siglo XXI, dicho ordenamiento reflejó la preocupación del gobierno de la alternancia de sentar bases jurídicas concretas para abordar aquellos grandes pendientes que habían sido objeto de constantes críticas durante los gobiernos anteriores. Los ánimos de democratización de la vida pública del país constriñeron a las fuerzas políticas de ese momento para llegar a consensos en orden de satisfacer una de las demandas históricas en nuestro país: mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de nuestros gobernantes.

La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental fue abrogada el 9 de mayo de 2016 y en su lugar se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual está vigente al día de hoy.

 

Fuentes:

[1] Ignacio Gatica Lara, “El corporativismo sindical mexicano en su encrucijada”, en  El Cotidiano, vol. 22, núm. 143, mayo-junio, 2007. Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco México. Pp. 71

[2] Martínez Díaz, María Esther; Heras Gómez, Leticia, “Transparencia gubernamental y acceso a la información en México (2002-2010): un análisis exploratorio”, en Ciencia Ergo Sum, vol. 18, núm. 3, noviembre-febrero, 2011. Universidad Autónoma del Estado de México. Toluca, México. Pp. 297

[3] Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, disponible en: https://bit.ly/3pqcW3w, consultado el 7-06-2021.

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