Fuente: https://bit.ly/2WfPX0V

José María Morelos y Pavón nació el 30 de septiembre de 1765 en Valladolid, hoy Morelia, Michoacán; sus padres fueron José Manuel Morelos y Juana María Guadalupe Pérez Pavón. Durante su infancia recibió instrucción académica de parte de su abuelo materno José Antonio Pavón, quién era maestro; asimismo, en esta etapa aprendió las labores del campo, debido a que se vio obligado a trabajar a temprana edad en la hacienda de Tahuejo, propiedad de su tío Felipe Morelos Ortuño, a consecuencia de la separación de sus progenitores.

Cuando tenía 25 años, después de pasar poco más de una década en los trabajos del campo, Morelos optó por el sacerdocio e ingresó en 1790, en su natal Valladolid, al Colegio de San Nicolás, del cual, Miguel Hidalgo era rector. Al terminar sus estudios en aquel colegio, continuó su preparación sacerdotal en el Seminario Tridentino; el 21 de diciembre de 1797 se ordenó como sacerdote y recibió un interinato en la parroquia de Tamácuaro.

Durante su vida clerical, Morelos se hizo cargo de los curatos de Carácuaro, Necupétaro y Acuyo. Al igual que otros sacerdotes de origen mestizo, sus labores religiosas se circunscribieron al ámbito del bajo clero.

Comúnmente, a los miembros de este sector de la iglesia novohispana se les asignaba la atención de los poblados más pobres y, regularmente, los sueldos en aquellas regiones eran precarios y no contaban con recursos suficientes; su labor se centraba en dar atención a los sectores sociales más golpeados de la colonia, dándoles mayores esperanzas de desarrollo.

Tras el estallido de la revolución de independencia novohispana el 16 de septiembre de 1810 y, después del decreto de excomunión publicado en contra de Miguel Hidalgo por parte del obispo Abad y Queipo, José María Morelos se entrevistó con el cura de Dolores el 20 de octubre de 1810 y se integró formalmente a la insurgencia. Hidalgo lo nombró lugarteniente y le encomendó acopiar armas, reorganizar los gobiernos locales de los territorios conquistados por la insurgencia en el sureste del territorio, aprehender y deportar europeos, confiscar sus propiedades, así como tomar el puerto de Acapulco, plaza que era estratégicamente importante para las partes involucradas en el conflicto armado.

Valiéndose de su conocimiento de la región de tierra caliente, adquirido en su mocedad, Morelos recorrió los pueblos y localidades, cumpliendo la encomienda que le había sido dada de parte de Hidalgo. Su hábil manejo de los recursos y su particular visión militar le permitieron sumar en poco tiempo la adhesión de miles de hombres a la insurgencia, así como de importantes líderes, como los hermanos Galeana y Bravo, Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, Mariano Matamoros, Leona Vicario y su esposo Andrés Quintana Roo, entre otros.

Con la aprehensión de Hidalgo y su posterior ejecución, así como de los primeros líderes insurgentes a mediados de 1811, Morelos se convirtió en la cabeza del movimiento revolucionario que buscó abiertamente la independencia de la Nueva España y, el cual, por primera vez, contó con un programa político estructurado con miras a lograr el establecimiento de un nuevo Estado.

Después de una serie de importantes logros militares, como la toma del puerto de Acapulco, de las ciudades de Oaxaca, Orizaba y Tehuacán a finales de 1812 y principios de 1813, Morelos se dio a la tarea de organizar lo que sería el primer congreso en suelo novohispano (el 13 de septiembre de 1813 se estableció en la ciudad de Chilpancingo, en el hoy estado de Guerrero, el Congreso de Anáhuac), el cual se encargó de proponer un programa político-legislativo bien definido, procediendo a declarar la independencia de la América Septentrional.

El documento “Sentimientos de la Nación”, redactado por el líder insurgente en 1813, planteó la construcción de un Estado nacional a partir de la unidad, proveniente de la religión católica y de la identidad americana propia de quienes residían en el territorio novohispano. Se estableció que la soberanía le pertenece y dimana directamente del pueblo, la cual se depositaba en el Supremo Congreso Nacional Americano, el que a su vez se nutriría de los representantes de las diversas provincias.

La organización de la estructura del Estado, de acuerdo con lo propuesto por el Siervo de la Nación, se dividiría entre los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial; en términos del punto número 12 del documento Sentimientos de la Nación: “… Que como la buena ley es superior á todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen á constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente él jornal del pobre, que mejore sus costumbres, aleje la ignorancia, la rapiña y él hurto.”

La Constitución de Apatzingán, conocida también como el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, promulgada el 22 de octubre de 1814, fue la síntesis de los esfuerzos de Morelos por darle una certidumbre jurídica y política a la lucha armada que buscaba la independencia de la Corona española.

Hacia finales de 1814 y principios de 1815, el movimiento insurgente liderado por Morelos comenzó a decaer a raíz de importantes derrotas y de la paulatina recuperación de territorios por parte del realismo. Con la necesaria movilización del Congreso de Anáhuac, debido al acecho de las tropas realistas, Morelos cayó preso el 5 de noviembre de 1815 en Temalaca, entonces Guerrero, hoy actual estado de Puebla, junto con doscientos hombres que se encontraban bajo su mando; el 22 de noviembre fue recluido en la cárcel de la Inquisición.

Después de ser juzgado y declarado hereje, perseguidor y perturbador de la jerarquía eclesiástica, profanador de santos sacramentos y traidor a Dios, al rey y al papa, fue degradado como sacerdote y condenado por el Tribunal del Santo Oficio a cumplir la pena de cadena perpetua en una misión en África. Empero un tribunal militar lo condenó a la pena de muerte.

José María Morelos fue fusilado el 22 de diciembre de 1815 en el pueblo de San Cristóbal Ecatepec, en el hoy Estado de México.

Fuentes:

• “José María Teclo Morelos y Pavón”, en Memoria Política de México, disponible en: https://bit.ly/2XL0PEt, consultado el 27-09-2021.
• Molina, Silvia, “José María Morelos. Generalísimo y Siervo”, Secretaría de Educación Pública – Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, disponible en https://bit.ly/3iatERU, consultado el 27-09-2021.
• “Sentimientos de la Nación”, disponible en https://bit.ly/2WfPJa5, consultado el 27-09-2021.

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Fuente: https://bit.ly/3EvUi1j

El estallido de la revolución de independencia en el Virreinato de la Nueva España fue el corolario de sendas crisis políticas y económicas tanto en la metrópoli como en la colonia, las cuales estaban precedidas por una crisis social profunda, tras tres siglos de dominación peninsular, cuya manifestación más palpable se encontraba en la marcada desigualdad entre los diferentes estratos sociales.

La relación de subordinación que la Corona ejerció sobre sus posesiones ultramarinas provocó que estas últimas se vieran impedidas para lograr un crecimiento económico significativo y, en ámbitos como la administración pública y el clero, los puestos de más alta jerarquía eran reservados exclusivamente para los peninsulares, lo que levantó ámpulas entre los nacidos en el nuevo continente.

La madrugada del 16 de septiembre de 1810, el estallido del movimiento armado dirigido por el cura Miguel Hidalgo buscó, en un primer momento, el reordenamiento de la organización político-religiosa de la colonia sin trastocar el vínculo con la casa reinante peninsular. Conforme se desarrolló la lucha armada entre insurgentes y realistas, los propósitos de separación de la Corona española se fueron manifestando; no fue Hidalgo quien definiera los alcances políticos del movimiento insurgente, ya que esto sucedería bajo la visión y conducción de José María Morelos, a través de la organización del Congreso de Anáhuac en septiembre de 1813.

A la muerte de Morelos en 1815, el movimiento insurgente fue cercenado y, con ello, devino un evidente decaimiento, reduciendo la presencia de los grupos independentistas a células guerrilleras con control en ciertos territorios, sobre todo hacia el sur de la Nueva España, en lo que hoy es el estado de Guerrero.

Insurgentes como Andrés Quintana Roo y su esposa Leona Vicario, dada la crítica situación del movimiento, se vieron en la necesidad de buscar y aceptar indultos otorgados desde la península para salvaguardar su vida y la de sus familias. Para 1820, el territorio novohispano no enfrentaba amenazas serias en contra de su relación de subordinación con la Corona española.

Sin embargo, por esas mismas fechas, el reino español pasaba de ser un régimen absolutista a una monarquía constitucional moderada. Fernando VII se vio obligado a jurar la Constitución de Cádiz de 1812, debido al movimiento liberal liderado por Rafael de Riego y Antonio Quiroga. Así, el 7 de marzo de 1820 esta Constitución se hizo efectiva para todas las posesiones territoriales de la Corona. En la Nueva España, el Virrey Juan Ruíz de Apodaca hizo lo posible para retardar la promulgación de dicho documento; llevando a cabo la proclamación del texto constitucional para el mundo novohispano el 31 de mayo del mismo año ante la Real Audiencia.

Ante la inminente pérdida de privilegios, como la desaparición de fueros propuesta por el texto de Cádiz, clérigos, militares y miembros de la naciente burguesía novohispana, se aglutinaron en la llamada Conspiración de la Profesa con el propósito, paradójicamente, de consumar la independencia de la Nueva España, como se venía planteando por el movimiento insurgente iniciado diez años atrás.

Los nuevos conspiradores separatistas, encabezados por el clérigo Matías Monteagudo, vieron en Agustín de Iturbide, famoso militar realista que combatió con éxito a la insurgencia, la capacidad necesaria para llevar a buen puerto los renovados propósitos independentistas.

En este tenor, Iturbide generó diálogos y acercamientos con los líderes insurgentes que se mantenían en pie y los miembros del realismo novohispano, con el propósito de formar un bloque unificado que pudiera declarar de común acuerdo la independencia de la Nueva España.

El Plan de Iguala fue la maduración expresa de los ánimos independentistas de los diversos bandos y contempló un nuevo proyecto de nación en el que Iturbide pretendió dar cabida a todos los sectores sociales novohispanos, incluyendo a las fuerzas insurgentes restantes, cuyo principal líder al sur del territorio era Vicente Guerrero.

Desde noviembre de 1820, Iturbide mantuvo un constante intercambio epistolar con Guerrero. Para febrero de 1821, el primero contaba con un apoyo insurgente de aproximadamente 3500 hombres en tierra caliente; desde Oaxaca y hasta Colima, Juan Álvarez, José Francisco Gordiano Guzmán, Pedro Ascencio Alquisiras e Isidoro Montes de Oca, líderes de lo que restaba de la insurgencia, se unieron al Plan de Iguala, el cual fue proclamado por el propio Iturbide con el beneplácito de Vicente Guerrero.

El plan de Iguala propuso, entre otras cuestiones, la redacción de un texto constitucional que armonizara con las creencias, costumbres e historia de los pobladores de la América Septentrional; se recogieron afinidades con respecto al sistema monárquico moderado como el establecido en España y se abrió la puerta al reconocimiento generalizado de todos los habitantes del todavía virreinato; fueron consideradas las diferentes castas en la composición multirracial propia del nuevo imperio que se pensaba consolidar.

Militares que hasta el momento habían sido fieles a la Corona, tanto naturales del territorio como las fuerzas expedicionarias que llegaron entre 1815 y 1819 procedentes de la península, se unieron al plan de Iturbide a lo largo y ancho del virreinato. Con la deposición de Juan Ruiz de Apodaca como virrey y la llegada de Juan O’ Donojú al puerto de Veracruz el 3 de agosto de 1821, se fue perfilando la consumación de la independencia del Imperio Mexicano.

El 24 de agosto de 1821, O´Donojú se entrevistó con Iturbide en Córdoba, en el hoy estado de Veracruz; el propósito era establecer acuerdos que satisficiesen los intereses europeos y los americanos. El resultado de la reunión fue la firma de los Tratados de Córdoba, en los que se reconoció el fin de la guerra y se aceptó el Plan de Iguala.

Asimismo, en los tratados se afirmó la Independencia de la Nueva España como Imperio, adoptando un gobierno constitucional moderado, cuya corona le pertenecía de facto a Fernando VII quien, de no aceptar, podría delegársela a un miembro de su familia; en caso de no contar con un miembro de la casa reinante española, las cortes del mismo Imperio Mexicano definirían al monarca y fijarían su sede en territorio mexicano.

Con la entrega de todas las plazas que estaban en manos de las tropas fieles a la Corona, O’Donojú negocio con el militar Francisco Novella la rendición de la Ciudad de México y el retiro de sus tropas de manera pacífica. Aquellos e Iturbide se reunieron el 13 de septiembre en la hacienda de La Patera, en dónde se acordó la suspensión inmediata de las hostilidades.

El 27 de septiembre de 1821, el Ejército de las Tres Garantías, integrado por tropas insurgentes y tropas que habían sido fieles a la Corona española, entraron triunfantes a la Ciudad de México, bajo el mando de Agustín de Iturbide.

Fuentes:

• Guzmán Pérez, Moisés, “El Movimiento Trigarante y el fin de la guerra en Nueva España (1821)”, en Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, vol. 41, núm. 2, julio diciembre, 2014, pp. 131-161. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia.
• “Juan O’Donojú”, en Memoria Política de México, disponible en: https://bit.ly/3kv1Ycp, consultado el 20-09-2021.
• Guzmán Pérez, Moisés, “El Movimiento Trigarante y el fin de la guerra en Nueva España (1821)”, en Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, vol. 41, núm. 2, julio diciembre, 2014, pp. 131-161. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia.

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Fuente: https://bit.ly/3nq7fUa

En la madrugada del 16 de septiembre de 1810 se desató una hecatombe sin precedentes en la historia novohispana. La revolución de independencia que irrumpió con fuerza en la explanada de la iglesia de Dolores, después de la arenga pronunciada por el cura Miguel Hidalgo y Costilla, no tenía nada que ver con lo originalmente planeado y conjurado por los participantes de la Conspiración de Querétaro; el movimiento armado de masas rápidamente cubrió importantes extensiones de terreno y avanzó decididamente hacia la Ciudad de México, arrasando todo a su paso.

Sin embargo, a pesar del estrepitoso estallido revolucionario, la indisciplina de las tropas, la falta de formación militar, sumado a las evidentes tensiones que experimentaron Ignacio Allende e Hidalgo –principales cabezas del ejército insurgente—, hicieron mella, permitiendo paulatinamente la reorganización de la milicia novohispana fiel a la Corona española, dando como resultado el declive del movimiento insurgente encabezado por el cura de Dolores y el eventual fusilamiento de los primeros líderes revolucionarios a mediados de 1811. Con la muerte de Hidalgo, terminó la primera etapa de la lucha por la Independencia de nuestro país.

Otro clérigo asumió el liderazgo de la lucha insurgente a la muerte de Miguel Hidalgo. José María Morelos y Pavón, con mayores dotes de genio militar, dirigió la lucha armada con mejor disciplina y eficacia; ello le permitió avanzar con paso firme por importantes territorios al poniente y al sur de la Nueva España. De manera preliminar, el Siervo de la Nación entendió que no sólo se debía procurar la independencia de la metrópoli, sino que, además, la insurgencia debía tener claro un proyecto político de nación para el momento en el que se lograra el objetivo de la lucha armada.

Morelos fue el principal promotor del Congreso de Anáhuac, el cual se instaló el 13 de septiembre de 1813 en la ciudad de Chilpancingo, en el hoy estado de Guerrero. La asamblea contó con la participación de diputados provenientes de diversas provincias, en dónde la insurgencia se había hecho de control casi absoluto; a la cita acudieron personajes como Ignacio López Rayón, José Sixto Verduzco, José María Liceaga, Andrés Quintana Roo, Carlos María Bustamante, José María Cos, José Manuel Herrera, Cornelio Ortiz de Zárate, entre otros insurgentes.

El congreso establecido en Cádiz, España, fue el modelo liberal que influyó de manera más notable en la organización del Congreso de Anáhuac. Entre sus logros políticos encontramos la declaración de la Independencia de la América Mexicana, la promulgación del primer texto constitucional en nuestro territorio y la propuesta política para la organización de un nuevo Estado, mediante el establecimiento de un esquema de división de poderes, al tiempo de abolir la esclavitud e invocar el principio de que la soberanía dimana originaria y efectivamente del propio pueblo.

El propósito y naturaleza del Congreso de Anáhuac fue definido por Morelos diáfanamente en uno de los documentos ilustrados más importantes del periodo insurgente y que, hoy en día, constituye un referente directo de la fundación de la nación mexicana: los Sentimientos de la Nación.

De su puño y letra, Morelos plasmó en este documento los propósitos fundamentales que estaban en el corazón de la lucha por la independencia, al tiempo de dar una dirección política para el futuro de la América Septentrional cuando ésta se emancipara definitivamente de la Corona: la formación de una nueva República.

Los Sentimientos de la Nación se compuso por 23 puntos en los que Morelos expresó sus ideales para el devenir de una sociedad todavía novohispana, los cuales fueron reflejo de la realidad política y económica de su tiempo.

Así, en el punto número 12 del trascendental documento, Morelos escribió: “Que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales, que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto”.

El texto escrito por Morelos se leyó en la primera sesión del Congreso de Anáhuac, el 14 de septiembre de 1813, en la ciudad de Chilpancingo.

Fuentes:

• Ortiz, Ortiz, Serafín, “La soberanía nacional y los Sentimientos de la Nación de José María Morelos y Pavón”, disponible en: https://bit.ly/3C8JMeC, consultado el 13-09-2021.
• “14 de septiembre de 1813. Promulgación de los Sentimientos de la Nación”, Secretaría de la Defensa Nacional, disponible en https://bit.ly/392Xinq, consultado el 13-09-2021.

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Fuente: https://bit.ly/3jL797j

La Revolución mexicana iniciada el 20 de noviembre de 1910 fue un fenómeno social de grandes proporciones cuyas consecuencias no sólo estribaron en la defenestración del viejo general Porfirio Díaz, sino que también se trastocaron las estructuras de la jerarquía económica y política que pervivieron en nuestro país durante los más de 30 años que duró el porfiriato. La búsqueda de mejores condiciones de vida para los sectores sociales más marginados a lo largo de las últimas décadas del Siglo XIX propició cambios profundos en el sistema jurídico, impulsados por la redacción de la Constitución de 1917.

Mientras México vivía una de las guerras civiles más cruentas de su historia, el mundo occidental iniciaba, el 28 de julio de 1914, uno de los eventos bélicos de mayor envergadura del siglo pasado: la Primera Guerra Mundial. Ésta se desarrolló durante cuatro largos años, y el principal escenario del conflicto internacional fueron las trincheras del viejo continente, en las que se enfrentaron los ejércitos de las potencias europeas, aunque después se incluyó la participación de Estados Unidos, nación americana que manifestaba desde entonces la gran hegemonía que detentaría el resto de la centuria.

Con la victoria que lograron los países de la Triple Entente: Francia, Imperio Británico e Imperio Ruso (a la cual se sumaron otros aliados como Estados Unidos) sobre la Triple Alianza: Imperio Alemán, Imperio Austrohúngaro, Imperio Otomano y Bulgaria se firmó un armisticio el 11 de noviembre de 1918, con el que culminó el enfrentamiento bélico.

La “Gran Guerra”, como se le conoció en un principio, propició la sucesión de una serie de eventos que marcaron el desarrollo del siglo pasado y, cuyas consecuencias, siguen alcanzando a las generaciones presentes.

El 28 de junio de 1919 se firmó el Tratado de Versalles entre los países vencidos y los vencedores, danto término oficialmente al estado de guerra y el cual fue firmado por más de cincuenta países. Entre los acuerdos establecidos en el tratado, se contempló la creación de la Sociedad de las Naciones, conocida también como Liga de Naciones, organización internacional, cuyo propósito sería velar por la paz internacional y mediar u organizar las relaciones entre todos los países.

Sin embargo, aunque aglutinó a un gran número de naciones en su seno, México no estuvo considerado en un principio para pertenecer a la Sociedad debido a la naturaleza misma del gobierno emanado de la Revolución.

Venustiano Carranza, virtual ganador del conflicto bélico suscitado en nuestro país y principal promotor del Congreso Constituyente reunido en Querétaro para la redacción de una nueva Carta Magna, asumió una postura afín a la no intervención y expresó su abierto rechazo a la llamada Doctrina Monroe, la cual había sido reconocida en el artículo 21 del Pacto de la Sociedad de Naciones. La Doctrina Carranza, se oponía rotundamente a la presión que las potencias pudieran ejercer sobre los gobiernos de las naciones más débiles y, por tanto, a la protección de intereses extranjeros por encima de los nacionales.

El nacionalismo revolucionario vio con recelo la intención, sobre todo de Estados Unidos, de hacerse con el mayor control del naciente mercado de hidrocarburos y, por ello, el gobierno de aquel país encabezado por Woodrow Wilson, en consonancia con las potencias europeas, procuraron mantener cierta distancia con la clase política vencedora emanada de la Revolución mexicana. De manera fáctica, México fue marginado de la política internacional durante una década completa.

En 1923, con la firma de los Tratados de Bucareli, el presidente Álvaro Obregón consiguió el reconocimiento de su gobierno por parte del vecino del norte, con lo que se establecieron relaciones diplomáticas entre ambas naciones y, eventualmente, con otros países como Alemania, Bélgica, España, Francia, Italia, la Unión Soviética y el Vaticano.

En 1930, con un evidente interés de figurar en el escenario político internacional, México envió a la Sociedad de Naciones, con sede en Ginebra, un observador permanente. Un año después, el 7 de septiembre de 1931, Alemania, España, Francia, Gran Bretaña, Italia y Japón, propusieron en la décima segunda sesión de la Liga de Naciones que nuestro país fuera invitado a formar parte de esta organización internacional. Genaro Estrada, quien fungiera como secretario de Relaciones exteriores, informó al gobierno de México y al Senado de la República de la invitación hecha en Suiza.

Finalmente, el 9 de septiembre de 1931, México ingresó a la Sociedad de Naciones, organización a la que siempre manifestó su animadversión hacia la Doctrina Monroe.

Fuentes:

• Herrera León, Fabián, “La Sociedad de Naciones y el problema del distanciamiento mexicano: la misión internacional de Julián Nogueira en México, agosto-septiembre de 1923”, en Revista de Estudios Históricos, núm. 57, enero-junio, 2013, pp. 125-153 Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Morelia, México.
• AGN Recuerda el ingreso de México a la Sociedad de Naciones, disponible en https://bit.ly/2WSORs6, consultado el 6-09-2021.

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Fuente: https://bit.ly/3yrWanu

México detenta en la actualidad un sistema parlamentario de tipo de bicameral, es decir, el Poder Legislativo federal está depositado en un Congreso General que se compone de dos cámaras: el Senado de la República y la Cámara de Diputados.

De acuerdo con el artículo 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos[1], el año legislativo comienza el 1 de septiembre, fecha en que también da inicio el Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Congreso, el cual concluye el 15 de diciembre; el siguiente periodo ordinario comienza el 1 de febrero y concluye el 30 de abril.

Estos periodos de trabajo legislativo son muy importantes, ya que durante estos se aprueban las propuestas de reformas o modificaciones a los diferentes ordenamientos del marco normativo federal; asimismo, si hay proyectos de reformas constitucionales, éstos se discutirán y, en su caso aprobarán, en las sesiones en pleno de ambas cámaras del Congreso de la Unión, con la mayoría calificada de los presentes.

En nuestro país, a nivel federal estos son los actores con derecho de iniciativa: el titular del Poder Ejecutivo Federal, los miembros del Senado de la República o de la Cámara de Diputados; las legislaturas de las entidades federativas y los ciudadanos (en un número no menor al 0.13% de las Lista Nominal de Electores)[2].

Además de contar con derecho de iniciativa, el presidente de la república puede presentar dos iniciativas con el carácter de preferentes al inicio de cada periodo ordinario de sesiones, para lo cual, la cámara de origen dispondrá de treinta días hábiles para dictaminar y votar el proyecto enviado por el titular del Ejecutivo[3].

Durante el Periodo Ordinario de Sesiones se pone en marcha el proceso legislativo para aprobar o rechazar los dictámenes que son presentados por las Comisiones Ordinarias. Cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión podrá fungir como Cámara de origen o Cámara revisora, salvo en el caso de que se trate de empréstitos, contribuciones o impuestos, o sobre reclutamiento de tropas, en cuyo caso las iniciativas correspondientes deberán discutirse primeramente en la Cámara de Diputados.

La Cámara revisora es la que, en el proceso legislativo, determinará si aprueba el proyecto de decreto contenido en la minuta enviada por la Cámara de origen, previo dictamen llevado a cabo, a su vez, por las propias comisiones ordinarias correspondientes.

En caso de que haya observaciones por parte de la Cámara revisora, la minuta regresará a la Cámara de su origen para discutir exclusivamente lo relacionado con las observaciones; si no hubiere observaciones, el proyecto de decreto se enviará al Ejecutivo federal, quien deberá publicarlo inmediatamente, salvo que decida ejercer el derecho de veto.

En la Cámara de Diputados, durante el primer Periodo Ordinario de Sesiones de cada año legislativo, se lleva a cabo de manera exclusiva la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, cuyo proyecto es enviado por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en el cual se disponen los conceptos y los montos en que se distribuirán los recursos públicos de la Federación, para el sostenimiento de las diferentes instituciones y de los proyectos y programas de carácter público.

[1] Disponible en https://bit.ly/30AyIo4, consultado el 30-08-2021.

[2] Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponible en https://bit.ly/2OTBy6j, consultado el día 30-08-2021. Para el caso de las iniciativas de ley enviadas por los ciudadanos, esta tiene que ser representativa del 0.13% de la lista nominal de electores.

[3] Ibíd.

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Fuente: https://bit.ly/2lVP2Ak

La lucha por la independencia de nuestro país obedeció a una serie de factores tanto endógenos como exógenos que hicieron mella en la estructura económica y política dentro del virreinato de la Nueva España. El Grito de Dolores, acto que anunció el inicio de la revolución armada, la madrugada del 16 septiembre de 1810 –que oficialmente se conmemora en nuestro país un día anterior—, fue el colofón de un régimen colonial que había condenado al atraso a grandes sectores de la sociedad novohispana, dada la centralización del poder económico en la metrópoli y la limitación de los derechos y privilegios de los nacidos en suelo americano.

A finales del siglo XVIII, la casa de los Borbón -familia reinante en la península-, estableció una serie de reformas conocidas como las “Reformas Borbónicas”, las cuales estuvieron direccionadas a extraer mayores recursos de las posesiones ultramarinas, centralizando con ello la actividad económica de las colonias y al mismo tiempo imponiendo impuestos especiales;^[1] incluso a la propia Iglesia, institución que, en aquel momento, hacía las veces de prestamista.

Para la nueva casa gobernante del reino español, limitar el crecimiento económico de sus colonias resultaba imperioso si se quería mantener un control absoluto sobre los territorios.

Hacia finales del siglo XVIII y principios del XIX se agregó una variable más a la ya de por sí complicada situación de la Nueva España; hubo una crisis en la producción de alimentos, provocada por fuertes sequías que azotaron las regiones productivas. El problema de la escasez se agravó debido a la especulación y acaparamiento que los latifundistas de aquel periodo ejercieron respecto de los granos de consumo básico^[2].

Así, previo al estallido de la guerra de Independencia, la Nueva España fue azotada por dos fuertes sequías, escasez de alimentos, brote de epidemias y un importante número de muertes^[3].

Por su parte, en el terreno político, los criollos intelectuales y acaudalados, comenzaron a demandar mayor participación en los altos puestos de la administración de la Nueva España, los cuales eran ocupados únicamente por peninsulares; dicha segregación impulsó en buena medida el movimiento revolucionario de Independencia.

Ante este escenario, solo faltaba una chispa para encender el movimiento social; a mediados de 1808 Napoleón Bonaparte había invadido la metrópoli, con lo cual abdicaron los reyes de la Corona española y, en su lugar, impuso a su hermano José en el trono.

Estos hechos comprometieron la estabilidad política en la Nueva España y las reacciones no se hicieron esperar; se organizaron asambleas en el Ayuntamiento de la Ciudad de México; Francisco Primo de Verdad y Ramos, quien fungía como síndico, en una de sus intervenciones ahondó en el tema de la soberanía arguyendo que, a falta del monarca, la soberanía residía en el pueblo.

La apelación a la noción de autonomía^[4], intrínseca en las propuestas de los criollos, con la participación –directa o indirecta—del entonces Virrey José de Iturrigaray, provocó el eventual golpe de Estado en contra de este último -dirigido por el comerciante Gabriel de Yermo- y la imposición de Pedro de Garibay al frente de la Nueva España.

Con el golpe de Estado a Iturrigaray, comenzaron a organizarse juntas secretas en las que participaron criollos intelectuales y adinerados, y en las que comenzó a conspirarse en contra del gobierno local impuesto por peninsulares. Miguel Hidalgo, cura al frente de la congregación del poblado de Dolores, ubicada en la región del Bajío, formaba parte de esas tertulias junto con otros personajes como Ignacio Allende, Ignacio Aldama, Josefa Ortíz y su esposo Miguel Domínguez, corregidor de Querétaro.

Estas juntas secretas fueron frecuentes en gran parte del territorio; en la Ciudad de México Leona Vicario,^[5] por ejemplo, participó en un círculo que, a su vez, tenía conocimiento de la junta conspiratoria de Querétaro.

La junta conspiratoria de Querétaro fue descubierta el 12 de septiembre de 1810. Cuatro días después, Hidalgo fue notificado del suceso. Originalmente, en los planes insurgentes no se incluía la intervención de la base de la pirámide social novohispana; ni los indígenas ni las castas estaban considerados en el movimiento político prospectado por los criollos.

Ante la apremiante situación, Hidalgo incluyó estrepitosamente a aquellos sectores sociales relegados durante tres siglos de dominación, los cuáles resentían con mayor fuerza las sequías, las hambrunas, el brote de epidemias y el esclavismo.

La madrugada del 16 de septiembre, en el poblado de Dolores, Hidalgo convocó a una lucha que, en primera instancia, no estaba dirigida a obtener la Independencia de los territorios, sino a derrocar al grupo de peninsulares apostados en el poder que concentraban los espacios más importantes en la administración burocrática y religiosa de la Nueva España.

Al grito de: ¡Viva la virgen de Guadalupe!, ¡Viva Fernando VII!, ¡Muera el mal gobierno!, una turba enardecida por todos los abusos cometidos en su contra, sin preparación militar y en un evidente caos, se dirigió hacia Guanajuato haciendo despojos a su paso y ajusticiando por propia mano a los gachupines interpuestos en su camino.

Así inicio la revolución de Independencia.

^[1] Ortelli, Sara, “Las reformas Borbónicas vistas desde la frontera. La élite neovizcaína frente a la injerencia estatal en la segunda mitad del siglo XVIII”, en Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani, núm. 28, julio-diciembre, 2005, pp. 7-37. Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani. Buenos Aires, Argentina. Se recomienda esta lectura para observar lo sucedido al norte del Virreinato de la Nueva España con la entrada de las reformas peninsulares y sus consecuencias inmediatas.

^[2] Florescano, Enrique, Precios del maíz y crisis agrícolas en México 1708-1810, Ediciones Era. México, 1986. Pp. 22.

^[3] Mendoza V., Héctor; Uriquijo Pedro; Barrera-Basols Narciso y Bocco Gerardo, “México y el cambio geográfico: dos siglos de historia (1810-1910)”, en México en tres momentos: 1810-1910-2010, Alicia Meyer (coord.), Instituto de Investigaciones Históricas UNAM. México, 2007. Tomo II. p. 141.

^[4] Breña, Roberto, “La España peninsular y la Nueva España ante los acontecimientos de 1808 (El liberalismo gaditano y la insurgencia novohispana en una era revolucionaria), en Historia Mexicana, vol. LXVI, núm. 1, julio-septiembre, 2016. El Colegio de México A.C. Distrito Federal, México. Pp. 163

^[5] Guedea Virginia, Los Guadalupes de México, Instituto de Investigaciones Históricas UNAM, disponible en https://bit.ly/2ZUGyZr, consultado en 13-09-2020

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El 13 de septiembre de 1968, el movimiento estudiantil de 1968 dio una de las batallas cívicas más memorables en la lucha por la apertura al diálogo y por la democratización de nuestro país.

En la víspera del 1 de septiembre de aquel año, día del cuarto informe de gobierno del otrora presidente Gustavo Días Ordaz, un plantón de aproximadamente 3000 jóvenes que permanecía en el Zócalo capitalino en espera de la respuesta presidencial al pliego petitorio estudiantil, fue desalojado violentamente por elementos del ejército^[1].

Posteriormente, el Consejo Nacional de Huelga (CNH) convocó a la manifestación del silencio para el día 13 de septiembre, en respuesta a la represión gubernamental por los “excesos verbales” expresados durante las movilizaciones estudiantiles.

En tales manifestaciones, se ridiculizaba a personajes eminentes de la administración pública federal, como el presidente de la república; eran “… una serie de consignas cantadas que implicaban ciertas majaderías… por primera vez el pueblo sale y puede gritar contra los funcionarios su real sentir”^[2].

La manifestación del 13 de septiembre, fue una protesta que se llevó a cabo en silencio total; no hubo gritos, chiflidos, burlas o consignas por parte de los asistentes a la marcha, la cuál se dirigió, nuevamente, hacia la plancha del Zócalo de la Ciudad de México.

Luis González de Alba, líder estudiantil, la recordaría así: “Apenas salidos del bosque, a unas cuadras de iniciado el recorrido, las columnas empezaron a engrosarse. Todo el Paseo de la Reforma, banquetas, camellones, monumentos y hasta árboles, estaba cubierto por una multitud que en 100 metros duplicaba el contingente inicial. Y de aquellas decenas y después cientos de miles sólo se oían los pasos…”.^[3]

El propósito de aquella marcha fue dado a conocer por el CNH a través de una convocatoria: “Ha llegado el día en que nuestro silencio será más elocuente que las palabras que ayer callaron las bayonetas”^[4].

La marcha fue aprobada en el seno del consejo estudiantil, a pesar de la clara advertencia hecha por Díaz Ordaz durante la entrega de su IV Informe de Gobierno:

Se ha llegado al libertinaje en el uso de todos los medios de expresión y difusión; se ha disfrutado de amplísimas libertades y garantías para hacer manifestaciones, ordenadas en ciertos aspectos, pero contrarias al texto expreso del artículo 9 constitucional; hemos sido tolerantes hasta excesos criticados; pero todo tiene un límite y no podemos permitir ya que siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico, como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo… No quisiéramos vernos en el caso de tomar medidas que no deseamos, pero que tomaremos si es necesario; lo que sea nuestro deber hacer, lo haremos, hasta donde estemos obligados a llegar, llegaremos.^[5]

Con una asistencia aproximada de 300 mil personas, el movimiento cumplió uno de sus principales propósitos: conquistar, cuando menos, el espacio público por antonomasia: la calle.

^[1] Krauze, Enrique, “Díaz Ordaz y el ‘68”, Clío, documental disponible en https://bit.ly/2tSaAQp, consultado el 7-09-2020.

^[2] Roberta “Tita” Avendaño, líder del movimiento estudiantil de 1968, en Krause Enrique, op.cit.

^[3] Samaniego Fidel, “El primer grito del silencio”, en El Universal, artículo disponible en https://bit.ly/2O8fz6R, consultado el día 7-09-2020.

^[4] Ibídem.

^[5] Rodríguez Karla, “Hemos sido tolerantes hasta excesos, pero todo tiene un límite: Díaz Ordaz”, en El Universal, artículo disponible en https://bit.ly/2O5TKEX, consultado el 7-09-2020.

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Fuente: https://bit.ly/2gpr3D8

Francisco José Múgica Vázquez nació en Tingüindín, Michoacán, el 3 de septiembre de 1884. Fue un político mexicano cuya participación antes, durante y después de la Revolución mexicana se caracterizó por ser intensa y radical, defendiendo, entre otras cosas, la plena vigencia de los derechos sociales, así como el respeto a la laicidad del Estado.

Hijo de un profesor, se vio en la necesidad de cambiar de residencia constantemente durante su infancia. Vivió en localidades como La Piedad, Zináparo, Purépero, Sahuayo, ente otras.

Desde 1906 se involucró en actividades políticas, pronunciándose en contra del régimen de Porfirio Díaz a través del periodismo. A la postre, con el triunfo y posterior declive del maderismo, se unió a Venustiano Carranza –quien invocó al constitucionalismo como su bandera en la lucha armada—. Sin embargo, con este último Múgica sostuvo marcadas diferencias por la radicalidad de sus posturas en el ámbito social.

El michoacano tuvo una participación importante en el Congreso Constituyente de 1916-1917; junto a Heriberto Jara y Luis G. Monzón, diputados constituyentes, fue de gran influencia en la redacción de los artículos más emblemáticos de la nueva Carta Magna: 3, 27 y 123. Respecto del contenido del artículo 130, relacionado con la secularización de los bienes eclesiásticos, Múgica endureció su postura y expresó:

“Soy el enemigo del clero porque considero que el clero es el enemigo más desdichado y perverso que tiene nuestro país. ¿Qué puede aportar el clero al alma mexicana? Las ideas más absurdas, el odio más desenfrenado a la democracia, y a las ideas de libertad, igualdad y fraternidad. Si permiten que el clero maniobre libremente, nuestros hijos heredarán el fanatismo y el costo será quizá nuestro patrimonio nacional…[1]”

Cuando fue gobernador interino en su natal estado de Michoacán, en 1921, su posición en contra del clero lo llevó a establecer políticas radicales en temas de educación, así como en materia agraria y laboral. En lo tocante a su política religiosa, Múgica, impulsó la libertad de culto y el ejercicio de la libre asociación de otros credos en Michoacán.

Por lo anterior y por el impulso que dio al anticlericalismo plasmado en la Constitución de 1917, la Iglesia le manifestó su animadversión y llevó a cabo campañas de confrontación directa con Múgica, por medio de desacatos, procesiones e intolerancia religiosa contra grupos protestantes establecidos en Morelia.[2]

Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas estuvo al frente de la Secretaría de Economía y la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas; su papel en la expropiación petrolera de marzo de 1938 fue decisivo; de la pluma de Múgica emanó el “Manifiesto”, documento que informó al pueblo acerca de la decisión de nacionalizar el estratégico recurso.[3]

Francisco J. Múgica, es sin duda uno de los personajes más importantes de la historia del siglo XX en nuestro país. Su compromiso con los ideales revolucionarios y su activismo político lo situaron en su momento como un posible contendiente a la presidencia de la República para suceder al general Lázaro Cárdenas; empero, en este tenor las circunstancias se decantarían en favor de Manuel Ávila Camacho.

Murió en la Ciudad de México el 12 de abril de 1954. El 17 de diciembre de 1984 se decidió inscribir su nombre con letras de oro en los Muros de Honor de la H. Cámara de Diputados.

[1] Carmona Dávila, Doralicia, “Memoria Política”, disponible en https://bit.ly/2gpr3D8, consultado el día 30-08-2020.

[2] Mendoza García, Leticia, “Bautistas y presbiterianos en la política religiosa de Francisco J. Múgica y Sidronio Sánchez Pineda, 1920-1924”, en Historia mexicana, vol. LXVII, núm. 3, enero-marzo, 2018. El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos. P. 1203

[3]Ibid.

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El artículo 89 de nuestra Carta Magna en su fracción X establece los principios bajo los cuales el jefe de Estado conducirá las relaciones internacionales de México, y a la letra dice:

Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;…

México es un país que pugna por el camino de la paz para solventar las diferencias que se susciten tanto al interior como al exterior de sus fronteras. A lo largo de su historia, nuestra nación se ha caracterizado por privilegiar el respeto y el diálogo en las relaciones internacionales  e incluso ha fungido como mediadora en algunos conflictos entre países de América Latina –se recuerdan la firma de los Acuerdos de Paz de Chapultepec el 16 de enero de 1992, con los cuales finalizó la guerra civil en el Salvador y la creación, a iniciativa mexicana, del Grupo Contadora junto con Colombia, Venezuela y Panamá; cuyo fin fue promover la paz en Centroamérica en 1983.

La Doctrina Estrada, dada a conocer el 27 de septiembre de 1930 durante el mandato de Pascual Ortiz Rubio, fue producto de las reflexiones de Genaro Estrada Félix, quien en ese momento era el Secretario de Relaciones Exteriores. Sus postulados contemplan algunas directrices mediante las cuales México se presentaría en el plano internacional: por un lado, se pronunció en contra del colonialismo y el abuso del poder, la explotación económica y el intervencionismo de las potencias europeas y de Estados Unidos, específicamente en países de América Latina y por el otro, exploró la posibilidad de vincular a nuestro país con otras naciones para generar principios y premisas compartidas sobre el ejercicio de la política exterior[1].

La Doctrina Estrada hace énfasis en el principio de la no intervención; al respecto Genaro Estrada comentó: “México se limita a mantener o retirar, cuando lo considere procedente a sus agentes diplomáticos […] sin calificar, ni precipitadamente, ni a posteriori, el derecho que tengan las naciones extranjeras para aceptar, mantener o sustituir a sus gobiernos o autoridades”.[2]

Tal postulado refiere al respeto irrestricto de la autonomía e independencia de las otras naciones, reflejadas en la facultad de elegir libremente la forma de gobierno en atención a su propia cultura e idiosincrasia, sin injerencias o intervenciones de ningún tipo por parte de Estados extranjeros[3].

En buena medida la Doctrina Estrada se consolidó durante los gobiernos posrevolucionarios, debido a la necesidad que se tuvo de limitar o erradicar las injerencias de otros países en el desarrollo de la política interior mexicana[4], como ocurriera durante la construcción de la república en el convulso siglo XIX. No fue sino hasta el sexenio de Miguel de la Madrid cuando se propuso elevar las premisas fundamentales de política exterior a rango constitucional.

El 9 de noviembre de 1987 la Cámara Alta del Congreso discutió la iniciativa enviada por el presidente; en esta se argumentó que México, ante los conflictos surgidos en un Estado extranjero, entiende que ningún interés externo está legitimado para imponer su voluntad[5] y además:

Por el papel que México desempeña en el contexto internacional y la manera firme y perseverante con la que el país ha venido sustentando los principios esenciales de la política exterior, resulta importante que éstos figuren en el texto de la ley fundamental. Ciertamente, dichos principios son coincidentes con el espíritu del constituyente; empero, la trascendencia que tiene la política exterior para el Estado mexicano exige que la incorporación sea explícita.[6]

De esta manera, los principios de la Doctrina Estrada se elevaron a rango constitucional de manera oficial el 11 de mayo de 1988, fecha en que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las modificaciones constitucionales del artículo 89 fracción X; posteriormente, con el trascendental paquete de reformas de 2011, a los aspectos fundamentales de política exterior se agregó el respeto, protección y promoción de los derechos humanos.

[1] Pereznieto Castro, Leonel, “La Doctrina Estrada. Una nota para su relectura”, disponible en https://bit.ly/2mjPgRS, consultado el 18-09-2019.

[2] Genaro Estrada citado en Leal Sanabria, José Luis, “La mutación constitucional del principio de no intervención constitucional”, en Cuestiones Constitucionales, núm. 35, 2016. Universidad Nacional Autónoma de México, disponible en https://bit.ly/2kQnFr2, consultado el 18-09-2019.

[3] Pereznieto Castro, Leonel, op. cit.

[4] Ibíd.

[5] Leal Sanabria, José Luis, op.cit.

[6] Ibíd.

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Fuente: https://bit.ly/2PNSsin

Para la integración de ambas Cámaras del H. Congreso de la Unión en México, se echa mano de un sistema mixto de elección: por mayoría simple y por representación proporcional. La representación proporcional como criterio de elección se usa en muchos países del mundo; en el nuestro, desde el término de la Revolución y hasta finales de la década de los años setenta del siglo pasado, se utilizó únicamente el sistema de mayoría simple.
La redacción de la Constitución de 1917 en sus artículos 54 y 56, establecía que la elección de los diputados federales y senadores sería por medio del principio de mayoría simple; en el caso de los senadores, las legislaturas locales tenían que declarar electo al candidato que hubiese obtenido la mayoría de los votos, en una especie de elección indirecta en primer grado.
Con la institucionalización de la Revolución y el surgimiento de un partido hegemónico, la posibilidad real de que grupos opositores pudieran entrar en la escena política formal era prácticamente nula.
Por la cooptación de la vida política por parte del partido de Estado emanado de la Revolución, se fueron generando cada vez más tensiones y reclamos sociales, por lo que fue necesario buscar la apertura de los diversos canales de participación política.
El 22 de septiembre de 1963, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto de reformas constitucionales relacionadas con la pluralidad en el ejercicio de la actividad política; en la reforma del artículo 54 constitucional se estableció la figura de “diputado de partido”; ésta antecedió y abrió brecha para el establecimiento de la representación proporcional.
La reforma proponía que todo partido político nacional podría tener derecho a obtener cinco diputaciones cuando menos, si obtenía el 2.5 por ciento de la votación total en el país; mediante este mecanismo, por cada medio punto porcentual extra se accedía a una diputación más, hasta ocupar un máximo de veinte curules.
Catorce años después de la inserción de esta figura trascendental, vendría la reforma constitucional más sustancial en materia política, mediante la cual México adoptaría el sistema de elección mixto; el cual pervive hasta el día de hoy, aunque con algunas modificaciones dadas a lo largo de los años.

[1] Para un mayor análisis del tema consultar Espinosa Silis, Arturo, “Las bondades del sistema de representación proporcional”, en IUS. Revista de Ciencias Jurídicas de Puebla A.C.”, vol. VI, núm. 30, julio-diciembre, 2012, pp. 149-171. Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla. México.

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