El 24 de febrero de 1821 Agustín de Iturbide proclamó el Plan de Iguala, documento que unificó a las fuerzas militares realistas e insurgentes para lograr la independencia de la Nueva España. Después de once años de lucha y de la crisis política que significó el regreso de la Constitución de Cádiz como el elemento jurídico preeminente en todo el reino español, la cúpula de la pirámide social novohispana juzgó oportuno romper sus lazos definitivamente con la metrópoli para mantener ciertos privilegios.

Bandera Primer Imperio Mexicano. Disponible en: https://acortar.link/E8jrpm

Ante el reto que implicaba la encomienda, Iturbide vio la necesidad de tender los puentes de comunicación con lo que quedaba de la maltrecha insurgencia y llegar a los acuerdos necesarios para que de manera unánime se buscara la separación absoluta de la Corona. De esta manera, el Plan de Iguala fue el documento con el que se aglutinaron todos los grupos armados en un solo bloque para defender tres garantías: religión, unión e independencia. Con el objeto de poder concretar la separación de los territorios novohispanos de la metrópoli, el Plan de Iguala mencionó la conformación de un cuerpo armado conocido como el Ejército Trigarante o el Ejército de las Tres Garantías, mismo que enarboló una bandera de tres colores: blanco, verde y rojo; cado uno de los colores estuvo asociada a las garantías mencionadas en el documento. Al terminar el proceso de independencia, estos colores continuaron apareciendo tanto en la bandera del Primer Imperio Mexicano, como en la que se adoptó cuando México tomó la forma de una república federada.

Bandera Ejército de las Tres Garantías. Disponible en https://acortar.link/4x2Ldq

Más tarde, en el gobierno de Benito Juárez que se conformó durante la época de la Reforma, los colores de la bandera adquirieron significados diferentes debido a la búsqueda de la separación de la Iglesia y el Estado; el verde se asoció a la esperanza, el blanco a la unión y el rojo a la sangre de los héroes nacionales.

En 1934 se declaró el 24 de febrero como día de la bandera, pero no fue sino hasta 1940 al final del gobierno de Lázaro Cárdenas, cuando por decreto presidencial se hizo oficial. En el año de 1968, durante el gobierno de Gustavo Días Ordaz, la bandera de nuestro país sufrió la última modificación que le dio la forma que actualmente conocemos.

Fuentes:

Guzmán Pérez, Moisés, “El Movimiento Trigarante y el fin de la guerra en Nueva España”, en Anuario Colombiano de Historia Social y de la cultura, vol. 41, núm. 2, julio-diciembre, 2014. Universidad Nacional de Colombia. Pp. 131-161.

Hamnett, Brian R., “Sobre Rodrigo Moreno Gutiérrez, La Trigarancia. Fuerzas armadas en la consumación de la Independencia. Nueva España, 1820-1821”, en Historia mexicana, vol. LXVIII, núm. 4, abril-junio, 2019. El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos. Pp. 1869-1873

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Al final de la lucha por la Independencia de nuestro país confluyeron diversas situaciones políticas y económicas que finalmente desembocaron en la ruptura de la colonia novohispana con la metrópoli.

Después del fusilamiento de José María Morelos en diciembre de 1815, el movimiento insurgente sufrió un decaimiento considerable; su control de territorios significativos se redujo a la presencia de pequeños grupos guerrilleros apostados sobre todo hacia el suroeste del territorio novohispano bajo el mando de personajes como Vicente Guerrero, Juan Álvarez, entre otros. El regreso de Fernando VII al trono del reino español en 1814, coincidió con el nadir de la insurgencia; el desconocimiento de la Constitución de Cádiz por el monarca propició nuevamente un férreo control de las posiciones ultramarinas y el fortalecimiento del realismo en la Nueva España.

A pesar de la imposición del absolutismo por parte de Fernando VII y de la persecución hacia los defensores del liberalismo monárquico en la península, en marzo de 1820 la revolución liderada por Rafael de Riego y Antonio Quiroga consiguió que el monarca jurara el texto constitucional de 1812. La Constitución Política de la Monarquía Española constriñó el poder del rey y estableció el ejercicio de un Poder Legislativo por Cortes electas; propició la aparición de un sistema de justicia independiente, así como derechos civiles fundamentales que acotaron a los poderes públicos. Las repercusiones de la promulgación en el mundo novohispano no se hicieron esperar. En marzo de 1820 se promulgó nuevamente el texto constitucional de Cádiz en territorio novohispano, lo que representó la cresta de la ola que se llevaría los privilegios de las clases dominantes en la administración pública, el clero y la organización militar de la colonia. La desaparición de fueros para los miembros de la iglesia y del ejército, fue una de las principales motivaciones políticas para que se buscara concretar la independencia novohispana.

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Agustín de Iturbide, quién luchó en contra de la insurgencia y en defensa del orden establecido en la colonia, fue elegido por quienes se integraron en el movimiento separatista conocido como la Conspiración de la Profesa, con el propósito de lograr la independencia de la Nueva España. El grupo dirigido por el clérigo Matías Monteagudo, rechazaba enérgicamente los principios liberales presentes en la Constitución de Cádiz, pero reconocía la autoridad de Fernando VII como soberano indiscutible del territorio novohispano.

La visión política y estratégica de Iturbide lo llevó a reconocer que la emancipación administrativa de la metrópoli no sería posible si la pugna prevalecía entre el realismo y la mermada insurgencia. Por ello, a partir de noviembre de 1820, buscó acercarse a los líderes insurgentes más importantes y sobre todo estableció una comunicación epistolar constante con Vicente Guerrero con el fin de construir un solo bloque que apoyara la independencia novohispana.

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Entre los últimos meses de 1820 y los primeros de 1821, Iturbide maduró la propuesta política con la cual unificó y abanderó el último tramo del movimiento de independencia; se trató del Plan de Iguala. En dicho documento llamó a la unidad de los diversos sectores sociales presentes en el virreinato; apeló a la existencia de un pasado común el cual fue posible a partir de la conquista y la posterior colonización del reino español, lo que permitió la diseminación de costumbres y creencias, así como la prevalencia del lenguaje español.

Compuesto por veintitrés puntos, el Plan de Iguala advirtió la pretensión de que los territorios novohispanos se convirtieran en una monarquía a cuya cabeza estaría Fernando VII; no obstante, si el monarca español se negaba a tomar el trono, una Regencia se haría cargo del gobierno mientras se elegía a un soberano. Asimismo, en el proyecto se anunció la organización de un Congreso Constituyente por parte de la Junta y la redacción de un texto constitucional, así como la formación del Ejército de las Tres Garantías quien se encargaría de sostener la nueva administración imperial; para garantizar la paz política, se anunció la prevalencia de fueros para el sector clerical.

Iturbide firmó el Plan de Iguala el 24 de febrero de 1821 en la localidad del mismo nombre, en el hoy estado de Guerrero; se proclamó cinco días después ante la población y las tropas que lo acompañaban.

Aunque se sumó al bloque político-militar en favor de la independencia del territorio, Vicente Guerrero no firmó el Plan de Iguala ni tampoco tuvo parte en la redacción del mismo. Iturbide concibió el contenido del documento producto de diversas consultas con personas de su confianza entre las que se encontraban abogados, militares y eclesiásticos.

La proclama del Plan de Iguala sería el primer paso importante para la conquista de la independencia y el nacimiento del Primer Imperio Mexicano.

Fuentes:

Del Arenal Fenochio, Jaime, “”El Plan de Iguala como ley fundamental del Estado mexicano independiente”, en Cuadernos Intercambio sobre Centroamérica y el Caribe, vol. 19, núm. 1, Universidad de Costa Rica. Costa Rica, 2021.

Gamas Torruco, José, “La Constitución de Cádiz de 1812 en México”, en Biblioteca Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, disponible en https://acortar.link/eE8qFZ, consultado el 23-02-2024.

Soberanes Fernández, José Luis, “El primer congreso constituyente mexicano”, en Cuestiones Constitucionales, núm. 27, pp. 311-381. Universidad Nacional Autónoma de México. Distrito Federal, México, 2012.

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Fuente: https://bit.ly/2VUnL33

José María Albino Vasconcelos Calderón, nació el 27 de febrero de 1882 en la ciudad de Oaxaca; fue un filósofo, educador, abogado, escritor y político cuya vida se desenvolvió en el México posrevolucionario. A él se le debe uno de los programas de educación nacional más ambiciosos de la historia de nuestro país.

Fue hijo de Ignacio Vasconcelos Varela y de Carmen Calderón Conde; en su niñez, residió en diferentes ciudades del país debido a la actividad de su padre; sus estudios de bachillerato los cursó en la Escuela Nacional Preparatoria en la Ciudad de México y obtuvo su título de abogado en la Escuela Nacional de Jurisprudencia en 1907.

Su habilidad para la escritura fue evidente y a su pluma se le deben las siguientes obras: Don Gabino Barreda y las ideas contemporáneas (1910), El Movimiento Contemporáneo de México (1916), La intelectualidad mexicana (1916), El monismo estético (1918), La caída de Carranza: De la dictadura a la libertad (1920) y el ensayo La raza cósmica (1925).

En 1920, Álvaro Obregón llegó al poder y con él, José Vasconcelos arribó a la rectoría de la Universidad Nacional de México. Desde esa posición concibió al Departamento Universitario como un Ministerio en sí mismo; entre junio y septiembre de ese mismo año se dio a la tarea de sentar las bases para la realización de un sistema educativo moderno, haciendo esfuerzos para devolverle a la Universidad las atribuciones y facultades que se le habían dado en la ley de 1910, al tiempo de dar una mayor apertura para la impartición de la educación secundaria y superior a una escala mayor.

A su paso por la Universidad Nacional se reorganizaron de manera importante las Escuelas de Odontología, Medicina Homeopática, Ingeniería y de Altos Estudios; también las Facultades de Jurisprudencia, Medicina, Ciencias Químicas y la Escuela Nacional Preparatoria se volvieron dependientes directos de la Universidad Nacional, con lo que se dio una revisión y modificación de los planes de estudios considerados caducos o ineficientes para las necesidades educativas del país.

Como rector, Vasconcelos vislumbró una campaña contra el analfabetismo que en esencia se trató de una cruzada nacional; para ello propuso el retorno de un Ministerio de Educación federal, debido a que los gobiernos de los estados fueron incapaces de desarrollar y mantener programas de enseñanza a nivel local.

En 1921 se reformó la Constitución de 1917 para esos efectos, propiciando con ello el nacimiento de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Su paso por la Universidad Nacional siempre será recordado, ya que el lema “Por Mi Raza Hablará el Espíritu” y su actual escudo se le deben a Vasconcelos.

José Vasconcelos inauguró la SEP el 1 de octubre de 1921, de la cual fue su primer secretario. A su llegada organizó el primer plan nacional de educación a gran escala en la historia de nuestro país. En su ensayo La raza cósmica, habló de la necesidad de una filosofía que fuera propia del mestizaje, la cual debía ser producto de la total comprensión de nuestra cultura; el nacionalismo cultura fue el sello que le imprimió a su prometedora cruzada educativa.

Durante su estancia en la SEP, Vasconcelos sentó las bases de la corriente artística conocida como el “muralismo mexicano” y encargó diversas obras a quienes conformaron la primera generación de grandes muralistas: David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera y José Clemente Orozco, las cuales aparecieron en sitios emblemáticos como el patio de la Escuela Nacional Preparatoria.

El muralismo, en palabras de Carlos Monsiváis: “ha sido uno de los fenómenos más conmovedores de una sociedad necesitada de afirmaciones externas e internas, a la caza del orgullos y reivindicaciones, urgida del reconocimiento de los suyos en el extranjero y requerida de estímulos internos, de las confirmaciones del bienestar que sólo los seres excepcionales proporcionan. Expresión óptima de lo que engendró y propició en arte y cultura la Revolución Mexicana…”.

En 1929, Vasconcelos presentó su candidatura para la presidencia de la República, abanderando a la oposición; perdió las elecciones de aquel año frente a Pascual Ortiz Rubio. En 1940, después de una larga ausencia, regresó al país para tomar bajo su tutela la Biblioteca Nacional; tres años después fue pieza importante para la fundación del Colegio de México y, en 1953, ingresó a la Academia Mexicana de la Lengua.

José Vasconcelos falleció el 30 de junio de 1953 en la Ciudad de México.

Fuentes:

• Donoso Romo, Andrés, “Una mirada al pensamiento de José Vasconcelos sobre Educación y Nación”, en Utopía y Praxis Latinoamericana, vol. 15, núm. 48, enero-marzo, 2010, pp. 51-62. Universidad del Zulia Maracaibo, Venezuela.
• Carmona, Doralicia, “José Vasconcelos Calderón”, en Memoria Política de México, disponible en https://bit.ly/3s34w4V, consultado el 21-02-2022.

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Fuente: https://bit.ly/3sDmCtF

Uno de los puntos de inflexión más importantes en la historia del constitucionalismo mexicano lo encontramos en la época que hoy conocemos como Reforma. Su importancia radica en que esta significó un profundo cambio que, durante la segunda mitad del siglo XIX, terminó por derruir las viejas estructuras coloniales que, hasta ese momento, habían permanecido en nuestro país; el encumbramiento del Estado mexicano con los matices con los que actualmente se le conoce, comenzó a gestarse a partir de la Revolución de Ayutla.

Después de la intervención norteamericana y de la pérdida de más de la mitad de territorio mexicano, en el contexto del conflicto México-Estados Unidos, el gobierno conservador de Santa Anna se vio mermado política y militarmente.

En marzo de 1854, el pronunciamiento del Plan de Ayutla dio origen a la revolución que se conoce con el mismo nombre; originada en el estado suriano de Guerrero, impulsada por Juan N. Álvarez, Florencio Villarreal e Ignacio Comonfort, buscó establecer un Estado republicano, federal democrático y laico; este último rasgo fue diametralmente opuesto a lo consignado en la Constitución de 1824 durante la primera república.

El Plan de Ayutla, eminentemente de carácter liberal, buscó sentar las pautas para darle cauce institucional a las pretensiones de consolidación de un Estado mexicano de carácter civil y promovió el acotamiento del poder político y económico de la iglesia; en el aspecto social, la revolución de Ayutla ofreció acabar con la organización de tipo estamental que pervivía en nuestro país y cuyo origen se remontaba a los tres siglos de dominación española.

En el aspecto jurídico político, la propuesta del Plan de Ayutla se centraba en promover la organización de un nuevo Congreso Constituyente, cuya labor sería darle al país la oportunidad de contar con instituciones de carácter eminentemente liberal.

En octubre de 1855, al triunfo de la Revolución de Ayutla, Juan Álvarez fue nombrado presidente provisional y, durante su corta gestión, entró en vigor la Ley Juárez, la cual buscó la extinción del fuero militar y eclesiástico, supeditando a todos los habitantes del país a los tribunales del orden civil. Asimismo, durante ese periodo se lanzó la convocatoria para la realización del Congreso Constituyente.

En diciembre de 1855, Ignacio Comonfort relevó en la presidencia a Juan Álvarez y, durante su primer mandato, se dio a la tarea de sofocar el movimiento contrarrevolucionario que estalló en Puebla. La primera Ley Orgánica del Registro Civil vio la luz durante ese periodo, con lo que se secularizarían los cementerios, y también entró en vigor la Ley Lerdo; andamiaje jurídico con el cual se procedería a la desamortizaron los bienes eclesiásticos.

Por otro lado, el 18 de febrero de 1856 comenzaron los trabajos del Congreso Constituyente, el cual habría de sesionar a lo largo de todo un año para dar nacimiento al segundo texto constitucional de carácter federal y republicano en la historia de nuestro país; dicha Carta Magna entraría en vigor el 5 de febrero de 1857.

Fuentes:

• El Congreso Constituyente de 1856, Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones de México – Secretaría de Cultura. México 2018.
• Plan de Ayutla, disponible en: https://bit.ly/3uNWgYD, consultado el 14-02-2022.

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Fuente: https://bit.ly/3GAgkQr

Una de las figuras históricas más importantes del periodo de la Independencia de México fue Vicente Guerrero; su participación como líder insurgente en la zona sur del virreinato de la Nueva España y su adhesión al Plan de Iguala, convocado por Agustín de Iturbide en febrero de 1824, fueron determinantes para que la colonia pudiera separarse definitivamente de la metrópoli.

Vicente Ramón Guerrero Saldaña nació el 10 de agosto de 1783, en el poblado de Tixtla, ubicado en la demarcación política que hoy lleva su apellido: Guerrero. Sus padres María Guadalupe Saldaña y Juan Pedro Guerrero fueron objeto de marginación por motivos raciales; eran de sangre afrodescendiente, mezclada con española e indígena.

Debido a esa situación, el insurgente, durante su niñez no tuvo acceso a la educación y se vio en la necesidad de trabajar como peón en las haciendas de Tierra Caliente; también conoció el oficio de arriero, lo que le permitió conocer los caminos y lugares más recónditos de la región.

Guerrero ingresó a la vida militar en 1811, por invitación de los hermanos Hermenegildo y Pablo Galeana. Su participación dentro del movimiento insurgente le permitió escalar al grado de capitán y, posteriormente al de teniente coronel, de la mano de José María Morelos, quién le otorgó este último grado después de que tomara exitosamente la ciudad de Oaxaca en 1812. A inicios de 1814, Guerrero fue el encargado de escoltar al Congreso de Anáhuac, después de que la insurgencia sufriera derrotas importantes en Valladolid y Peruarán.

A finales de 1815, después del fusilamiento de Morelos, el movimiento insurgente sufrió un notable decaimiento por la muerte de este último, el encarcelamiento de López Rayón, la disolución del Congreso de Anáhuac y la aciaga derrota que Guerrero sufrió a manos del realismo en la Cañada de los Naranjos.

Esto último provocó que algunos jefes de la insurgencia depusieran las armas y aceptaran el indulto ofrecido por el entonces virrey Juan Ruíz de Apodaca. Sin embargo, figuras como Guerrero, Juan Álvarez y Juan Pedro Alquisiras siguieron combatiendo al realismo a través de una estrategia de guerra de guerrillas.

Entre los años 1816 y 1818, Guerrero mantuvo en pie la lucha insurgente en los territorios de su dominio natural, en los cuales se focalizó; el acecho constante del realismo le impidió establecer contacto con la expedición de Francisco Xavier Mina, la cual sucumbió en noviembre de 1817.

En 1820, Guerrero se mantenía prácticamente como el último líder insurgente en activo después de la derrota de Guadalupe Victoria; el gobierno virreinal le ofreció el indulto, enviando como emisario a su propio padre. Se cuenta que la respuesta de Guerrero a la propuesta fue: “Compañeros, este anciano es mi padre. Ha venido a ofrecerme recompensas en nombre de los españoles. Yo he respetado siempre a mi padre, pero la patria es primero”.

Los intentos de las fuerzas realistas por liquidar definitivamente la insurgencia coincidieron con el movimiento liberal que consiguió obligar a Fernando VII de España a jurar la Constitución de Cádiz, la cual dio pie al establecimiento de la primera monarquía constitucional moderada en la península.

Este evento provocó nuevas convulsiones, como la Conspiración de la Profesa, maquinada para intentar conservar los privilegios de ciertos sectores, como el clerical y la milicia, a los cuales, el constitucionalismo peninsular había amenazado, comprometiendo su estatus en las posesiones ultramarinas de la Corona.

La irrupción de Agustín de Iturbide en el escenario político y su eventual contacto con Vicente Guerrero para lograr la unión del realismo con lo que quedaba de la insurgencia y así conquistar la independencia de la Nueva España, tuvo un fuerte eco en todo el territorio virreinal. El abrazo de Acatempan, así como la aparición del Plan de Iguala y la conformación del ejército de las Tres Garantías, permitieron darle un rumbo definitivo a la consumación de la Independencia el 27 de septiembre de 1821.

Vicente Guerrero, fiel a las ideales liberales de los insurgentes que lo había formado políticamente, después de aceptar colaborar con la Regencia, de ser nombrado general y jefe de la Capitanía del Sur, así como de recibir la Gran Cruz de la Orden de Guadalupe, se manifestó en contra de la coronación de Iturbide y de la imposición del Primer Imperio Mexicano.

Lo anterior detonó fuertes reacciones a través de un movimiento republicano, el cual fue abanderado con el Plan de Casa Mata; primer pronunciamiento de las tropas ya mexicanas al que Guerrero se adhirió inmediatamente y mediante el cual luchó en contra del efímero imperio de Agustín Primero de México.

Con el desvanecimiento del imperio y el triunfo de la República, en 1824 Guerrero contendió con Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo por la presidencia de la naciente república, empero los resultados electorales no le favorecieron en los comicios de ese año.

En 1828, ya como miembro activo de la logia masónica Yorkina y después de combatir a Nicolás Bravo, quien intentó derrocar a Guadalupe Victoria -lo que llevó a la desaparición de la logia masónica escocesa-, Guerrero fue postulado para la elección presidencial de 1828, la cual perdió, no sin dar lugar a señalamientos de fraude cometido en su perjuicio por parte de Manuel Gómez Pedraza, quien fue desconocido por Antonio López de Santa Anna y posteriormente por el mismo Congreso, lo que le dio la posibilidad a Guerrero de recibir el cargo de presidente de manos de Guadalupe Victoria el 1 de abril de 1829.

No obstante, su gobierno se vio eclipsado por un intento de reconquista de parte de Fernando VII; en julio de 1829, las fuerzas expedicionarias españolas al mando del general Isidro Barradas desembarcaron en el puerto de Tampico, pero fueron sometidos al cabo de unos meses por Santa Anna.

Asimismo, el presidente Guerrero, con facultades extraordinarias que se había arrogado ante la invasión, intentó emprender reformas liberales, como un nuevo decreto para la abolición de la esclavitud, la supresión de la pena de muerte y el establecimiento de impuestos a las clases pudientes para beneficio y ayuda de los pobres.

La gran agitación política urgió a sus opositores a declarar la inconstitucionalidad de las facultades extraordinarias asumidas por Guerrero y, el 6 de noviembre de 1829, se inició en Yucatán una rebelión centralista, la cual dio pie a la promulgación del Plan de Jalapa, que desconocía las elecciones anteriores y, por ende, la presidencia de Guerrero, nombrando a su vicepresidente Anastasio Bustamante, como el nuevo titular del Ejecutivo.

Guerrero solicitó al Congreso licencia para salir a combatir la rebelión de Bustamante, el 17 de diciembre de 1829, pero ante la gravedad de la situación y el avance de este último, el Congreso lo declaro “imposibilitado para gobernar la República” el 4 de febrero de 1830. Ante esto, Guerrero regresó a la región de Tierra Caliente para defender la legalidad que el Congreso había violado, empresa en la cual no tuvo mucho éxito.

Fue detenido, mediante traición, a bordo de la embarcación “el Colombo”, el 15 de enero de 1831 frente a las costas de Acapulco. Condenado a pena máxima por varias acusaciones en su contra ante un consejo de guerra, fue fusilado el 14 de febrero del mismo año.

Fuentes:

• Carmona, Doralicia, “Vicente Ramón Guerrero Saldaña”, en Memoria Política de México, disponible en https://bit.ly/3LaYRl7, consultado el 7-02-2022.
• Zoraida Vázquez, Josefina, “Los Primeros Tropiezos”, en Historia General de México. El Colegio de México. México, 2000. Pp. 525-577.

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Fuente: https://bit.ly/3g70UZb

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente fue promulgada el 5 de febrero de 1917; fue producto del eventual triunfo del ala carrancista sobre los convencionistas, liderados por Francisco Villa, durante el desarrollo de la Revolución.

En septiembre de 1916, Venustiano Carranza, en calidad de Primer Jefe del Ejército Constitucionalista y encargado del Poder Ejecutivo de la República, modificó los artículos 4°, 5° y 6° del Plan de Guadalupe de 1914 para dar paso a la conformación de un Congreso Constituyente.

El Congreso Constituyente se instaló el 1 de diciembre de 1916, en el Teatro Iturbide de la ciudad de Querétaro, después de un proceso electoral nacional, organizado concretamente para analizar el proyecto constitucional que Venustiano Carranza envío para su deliberación.

Es importante mencionar que, en el proyecto del Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, no figuraba la pretensión de redactar una nueva Carta Magna, sino solo reformar el texto que hasta ese momento estaba vigente: la Constitución de 1857.

En el texto redactado por el orquestador del Plan de Guadalupe se reconoce que: “… a pesar de la bondad indiscutible de los principios en que descansa (la Constitución de 1857) y del alto ideal que aspira a realizar el Gobierno de la Nación, continuará siendo inadecuada para la satisfacción de las necesidades públicas, y muy propicia para volver a entronizar otra tiranía igual o parecida a las que con demasiada frecuencia ha tenido el país…”.

El proyecto de reformas enviado por Carranza al Congreso de 1917 no consideró la inclusión de derechos sociales en el texto constitucional, por lo que el Congreso Constituyente decidió ir más allá e incluyó en el proyecto final lo concerniente a la promoción de la educación pública gratuita y laica, a la regularización de la tenencia de la tierra por parte del Estado y los tipos de propiedad y a la regulación de los derechos laborales, como derechos inalienables protegidos jurídicamente por el Estado mexicano.

La redacción de los artículos 3°, 27° y 123°, le dieron al texto constitucional de 1917 su carácter social y pro garantista, el cual fue de gran influencia, junto a la Constitución alemana de Weimar, en diversos países, para la posterior aparición del Estado social, sobre todo en las naciones de occidente.

No obstante, la Carta Magna vigente ha sufrido diversas adecuaciones a lo largo del tiempo (hasta el momento, 251 decretos de reformas a diversos artículos constitucionales) producto de la necesidad de adaptar su contenido a los cambios que ha venido experimentado la sociedad mexicana a poco más de un siglo de su aprobación.

Fuentes:

• Adiciones al Plan de Guadalupe, disponible en https://bit.ly/3IUEhU9, consultado el 30-01-2022.
• Decreto para integración del Congreso Constituyente, disponible en https://bit.ly/3b8ZFVu, consultado el 30-01-2022
• Maraniello, Patricio; Sebastián Paris, Nestor, “El constitucionalismo social en la Constitución mexicana y su vasta influencia en el derecho argentino”, en IUS. Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla A.C., vol. X, núm. 38, julio-diciembre, 2016, pp. 1-29. Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla A. C. Puebla, México.
• Sánchez Vázquez, Rafael, “La trascendencia del Constitucionalismo Social en América Latina (Caso México)”, en Cuestiones Constitucionales, núm. 27, julio-diciembre, 2012, pp. 251-309. Universidad Nacional Autónoma de México. Distrito Federal, México.

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Las leyes de reforma y los decretos correspondientes formaron parte importante del proceso de secularización del ala liberal mexicana.

La promulgación de estos cuerpos mormativos fue producto de toda una serie de esfuerzos en un proceso dialéctico que trajo consigo un escenario abrasivo dentro del México independiente decimonónico.

En el momento en que se pretendió dar cauce al contenido de las leyes de Reforma, la coyuntura política tenía contra la pared a la República mexicana encabezada por el Presidente Juárez, a causa de la guerra civil que se había entablado contra los conservadores.

A pesar de ello, los partidarios del liberalismo se dieron a la tarea de mantener la discusión en torno a la superación del México colonial, el cual tenía su piedra angular en la vinculación entre Iglesia y Estado. Situación que estaba en juego precisamente en el contexto de ese momento concreto, ya que el clero brindó apoyo económico y político a los reaccionarios y conservadores que hicieron frente a la joven República mexicana.

La discusión en el ring político de aquella época de los puntos más relevantes de la agenda liberal se dio contra las cuerdas; se dieron acalorados debates respecto de la Reforma en uno de los últimos bastiones republicanos: el puerto de Veracruz.

Dentro del espectro liberal, la posición acaso más radical era la de Miguel Lerdo de Tejada, en el otro polo, la posición más mesurada era sostenida por Melchor Ocampo. Como lo marca la historia, se impuso la versión radical de Lerdo, materializándose en productos legislativos como el del 25 de junio de 1856, llamada Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos o también conocida como “Ley Lerdo”.

En este dispositivo legal del proceso de reforma liberal se contemplaba la desamortización de los bienes eclesiásticos; estos pasarían de manos muertas, como las de los rentistas clericales, a las manos del Estado y, a su vez, a toda la serie de funciones de orden social, a merced de los dispositivos constitucionales.

La Reforma Liberal avanzó no sin vicisitudes importantes, tal como la invasión de la potencia imperial francesa. El último decreto de este proceso de reforma  se llevó a cabo precisamente dentro del drama de dicha invasión.

Esto se puede leer en el propio decreto del Presidente Juárez, en el cual la urgencia queda plasmada tanto en el proemio como en los 8 artículos que lo integran.

Se puede identificar la urgencia por poner un alto y repeler al ejército extranjero invasor, haciendo la República uso de todos los medios a su alcance; eso involucraba a todo el aparato estructural y material de la Iglesia, tal como los conventos para establecer varios hospitales frente la emergencia bélica, dar hospedaje a quienes operarían esos inmuebles, así como dar alojamiento a las familias que quedaran en la indigencia, producto de la guerra que se sufría.

Si bien el decreto es el último dique liberal para abonar contundentemente a la separación entre Iglesia y Estado, no se contempla abuso de poder; simplemente se trazaron límites claros al clero, para evitar escenarios de desestabilización al interior de la nación.

Esto se puede apreciar en los artículos 5º, 6º y 7º del decreto, donde se proteje la manutención de las religiosas que no hubieran recibido sus dotes, el respeto a los templos que no hubieran sido designados por los gobernadores, y la no extinción de la comunidad religiosa de las Hermanas de la Caridad, respectivamente.

El proceso liberal de la Reforma significó un proyecto con visión de futuro para abonar a la construcción de un México más democrático y soberano. A la luz de la historia, tanto las leyes de Reforma como este decreto han demostrado haber gozado de razón de  Estado.

Fuentes:

https://constitucion1917.gob.mx/work/models/Constitucion1917/Resource/338/1/images/LR_bjuarez39.pdf,  consultado el 23-02-2021.

https://inehrm.gob.mx/recursos/Libros/Justificacion_de_las_Leyes_de_Reforma.pdf, consultado el 23-02-2021.

https://www.cndh.org.mx/noticia/expedicion-de-las-leyes-de-reforma, consultado el 16-02-2021.

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La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) decidió mediante resolución del 26 de noviembre de 2007, que el 20 de febrero de cada año se celebrara el Día Mundial de la Justicia Social. Esta efeméride tiene como antecedente y asidero político axiológico la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, celebrada en Copenhague del 6 al 12 de marzo de 1995, en la cual se establecieron algunas premisas fundamentales para promover sistemas económicos nacionales y mundiales basados en la justicia, la equidad, la democracia, la participación, la transparencia, la rendición de cuentas y la inclusión.

Ambos documentos establecen como pre condición de la de paz y la seguridad entre las naciones y al interior de estas al desarrollo y la justicia social. No puede haber desarrollo social sin justicia social y a su vez estas dos últimas no pueden ser viables sin la paz y la seguridad, así como el respeto, protección y garantía de los derechos humanos.

Tanto la resolución como la cumbre son coincidentes en que resulta imperativa la creación de instituciones y acciones gubernamentales, así como el diseño y ejecución de políticas públicas que hagan realidad un crecimiento económico sostenible, en el que los derechos no sean concebidos como meras mercancías o servicios, sino como elementos de necesidad para proteger la dignidad de todas las personas.

Para este 2021, a merced de la crisis sanitaria mundial, la ONU está haciendo un llamado a la justicia social en el contexto de la economía digital, para impulsar una globalización equitativa. La pandemia que nos asedia ha evidenciado una serie de desigualdades y el aumento de la brecha digital entre los países desarrollados y los que se encuentran “en vías de”, así como al interior de las propias naciones.

El acceso a internet y las tecnologías de la información y comunicación en países como México no es lo suficientemente generalizado, por lo que se compromete la equidad y la igualdad de oportunidades, máxime en un entorno laboral creciente a través de las plataformas digitales.

Por lo que para la ONU y la OIT la conmemoración del día Mundial de la Justicia Social en este 2021 pasa por la promoción de la globalización equitativa, poniendo énfasis en el trabajo decente mediante un enfoque coordinado para alcanzar cuatro objetivos estratégicos: empleo, protección social, diálogo social, y principios y derechos fundamentales en el trabajo.

Fuentes:

• https://www.un.org/es/observances/social-justice-day, consultado el 16-02-2021.
• https://www.cndh.org.mx/noticia/dia-mundial-de-la-justicia-social, consultado el 16-02-2021.
• https://undocs.org/es/A/RES/62/10, consultado el 16-02-2021.

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Ignacio Manuel Altamirano nació el 13 de noviembre del año 1834 en el seno de una familia de indígenas líderes comunitarios chontales, radicados en Tixtla, hoy estado de Guerrero.

Después de cursar la primaria en su pueblo natal, a pesar de dominar tardíamente el idioma español, gracias a sus facultades intelectuales, fue beneficiario de una beca de estudio en el Instituto Literario de Toluca, ya que, en aquellos años, el pueblo de Tixtla formaba parte del distrito de Chilapa y éste a su vez del Estado de México.

A través de sus cursos en Toluca, pudo conocer a Ignacio Ramírez, alias “El Nigromante”, escritor, abogado y liberal, mismo que se convertiría en su mentor, incluso en un padre y maestro, digno de un profundo y eterno respeto, en palabras del tixtleco.

Después de su turbulento paso por el Instituto, en el año 1856, de nueva cuenta fue beneficiario de una beca de gracia en el Colegio Nacional de San Juan de Letrán, en la Ciudad de México, donde estudió la carrera de derecho hasta el año 1859. En ese lapso pudo asistir junto con otros estudiantes a los debates parlamentarios en el Congreso Constituyente de 1857, proceso que le significó una formación política profunda respecto al proyecto liberal.

Ignacio Manuel Altamirano se caracterizó por la enorme pasión y convencimiento con la que actúo como abogado y periodista.

Su proceso de politización cimentó en él sólidas ideas sobre la democracia y la educación popular, las cuales terminaron detonando en un evento importante dentro de la “Guerra de los tres años”: donde compañeros suyos fueron ejecutados en la llamada “Matanza de Tacubaya”. Este evento acabó de convencer al joven abogado de la necesidad de luchar por el bando Liberal.

En 1860 de regreso en su tierra natal, participó en batallas sangrientas como el Sitio de Chilapa, bajo el mando del general Vicente Jiménez, pariente de su esposa Margarita Pérez Gavilán. Fue diputado un año después, donde destacaría gracias a sus facultades retóricas de corte jacobinas, llevándole a tener roces incluso con Don Benito Pablo Juárez García.

Fue un férreo defensor de la República frente a los invasores franceses y huestes de Maximiliano, desde trincheras diversas como el congreso de San Luis Potosí, la labor periodística en La Voz del Pueblo o en El Nuevo Mundo, su papel de enlace, mediante correspondencia, entre el presidente Juárez con los militares republicanos del centro y sur del país, así como su participación directa en el sitio de Querétaro a partir de marzo de 1867.

Ya en la República Restaurada fue un opositor a la reelección del presidente Juárez, debido a su convicción en la alternancia del poder público o el gobierno, como garante del ejercicio democrático.

Manifestó igualmente su oposición en cuanto al escenario de su natal Guerrero, donde se perpetuaba el dominio de Diego Álvarez, llevándolo a un encono incluso de corte personal, lo que evitaría que regresara a la tierra que lo vio nacer.

Su camino institucional aún fue profuso; de 1869 a 1877 fue Fiscal y Magistrado de la Suprema Corte de la Nación. En el décimo Congreso constitucional fue diputado de 1880 a 1881. En 1889 comenzó su labor en la política exterior como embajador en España, Francia y finalmente Italia.

Con su salud deteriorada a causa de la diabetes, muere en San Remo Italia el 13 de febrero de 1893.

La labor de Ignacio Manuel Altamirano fue la de un patriota convencido, radical en su verdadera acepción, ya que impulsó que el hombre siempre se dirigiera a su raíz.

Maestro en toda la extensión de la palabra, impulsor de la democratización de la educación. Su pasión por el conocimiento lo llevó a construir un mosaico teórico que va desde los trabajos periodísticos como: artículos, crónicas o biografías hasta escritos historiográficos, donde sostuvo la tesis de que la historia nacional es una lucha entre la democracia y la oligarquía.

No se debe olvidar la importancia de sus aportaciones a la literatura, a través de la cual se dieron las expresiones más variadas de su pensamiento y la construcción de un proyecto de país; ahí se encuentran notables novelas como Clemencia, El Zarco y Navidad en las Montañas.

Fuentes:

• Guerrero Flores, David, “Indio de la fealdad hermosa: Ignacio Manuel Altamirano”, INEHRM. disponible en: https://www.inehrm.gob.mx/work/models/inehrm/Resource/415/1/images/Indio%20de%20fealdad%20hermosa_%20David%20Guerrero%20Flores,%202012_texto.pdf, consultado el 8-02-2021.
• Girón, Nicole, “Ignacio Manuel Altamirano”, Historiografía mexicana. Volumen IV. En busca de un discurso integrador de la nación, 1848-1884, pp. 257-294.

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El sistema electoral mexicano actual y todo el compendio normativo relacionado con la justicia electoral no se podrían entender sin el movimiento revolucionario de 1910 y el proceso de reconfiguración del Estado mexicano que siguió a la lucha armada; que en sus inicios enarboló la célebre frase “sufragio efectivo no reelección”, de Francisco I. Madero.

Un primer paso en el ejercicio de positivización normativa en materia electoral fue la expedición de la ley de 1911, a partir del mencionado impulso revolucionario de 1910.

Este movimiento armado contó con el respaldo teórico de obras fundamentales como La Sucesión Presidencial de Madero, en la cual se contemplan de manera central los tópicos de la democracia representativa, el sufragio libre y directo a través de elecciones libres, así como la organización ciudadana y sus derechos de participación mediante partidos políticos.

Este binomio político liberal “democracia-partidos políticos” encuentra un referente importante en nuestro país en la lucha maderista por la democratización, la cual tuvo como colofón el sufragio libre, así como los derechos de participación política y sus garantías de libre ejercicio.

La lucha por los derechos políticos de los mexicanos no hubiera dado los mejores resultados sin el correspondiente asidero legal; ya que este último tuvo un peso específico determinante para consolidar las garantías de protección y generar las condiciones de realización concreta, evitando así que algunas de las principales aspiraciones de los precursores de la revolución quedaran tan solo en el tintero o en los manifiestos.

Es así que, en la ley electoral de 1911, así como la de 1917, se marcaron especificidades importantes para la época, constituyéndose en pilares fundamentales para la configuración de un sistema electoral mínimamente democrático. Lo que ayudaría a atemperar el caudillismo característico de la época y los recurrentes fraudes, nulidades o simulaciones electorales.

Empero, de la redacción legal a la concreción de los supuestos normativos en los hechos hay un considerable trecho; si bien la ley electoral buscaba dar certezas al pretendido sistema democrático mexicano, mediante una serie de premisas, como las establecidas en el Capítulo II de la referida ley:  De los instaladores, casillas electorales y manera de emitir el voto, fácticamente, la organización de las elecciones recayó en el caudillismo posrevolucionario. Por lo que  la “justicia” electoral  siguió siendo operada por los presidentes municipales, los gobernadores, o los grupos de poder en las cámaras, que en esa época estaban cargados hacia caudillos como Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles.

Más allá del problema del caudillismo y la figura del hombre fuerte en el México posrevolucionario, los esfuerzos normativos tras el diseño y promulgación de la Ley Electoral de 1917, representan triunfos históricos dentro de la búsqueda por lograr la realidad democrática en nuestro país. Construir instituciones sólidas  a partir de anclajes legislativos, como leyes de avanzada, nunca ha sido sencillo, pues expanden o visibilizan derechos que no se tenían presentes o que no gozaban de mucho arraigo en la moralidad social o en el estatus político de la época, pero ello no quita su carácter de faros, al menos dentro del horizonte democrático.

Fuentes:

• Arreola Ayala, Álvaro, “La justicia electoral en México. Un breve recuento” disponible en https://www.te.gob.mx/publicaciones/sites/default/files//archivos_libros/05_temas_libertad_carbonell_1.pdf, consultado el 3-02-2021.
• Arreola Ayala, Álvaro, “Estudio introductorio. El México electoral de 1911”, La Ley Electoral de 1911, pp. 11-55, disponible en https://www.te.gob.mx/sites/default/files/Parte1.pdf, consultado el 3-02-2021.

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