Fuente: https://bit.ly/3sDmCtF
Uno de los puntos de inflexión más importantes en la historia del constitucionalismo mexicano lo encontramos en la época que hoy conocemos como Reforma. Su importancia radica en que esta significó un profundo cambio que, durante la segunda mitad del siglo XIX, terminó por derruir las viejas estructuras coloniales que, hasta ese momento, habían permanecido en nuestro país; el encumbramiento del Estado mexicano con los matices con los que actualmente se le conoce, comenzó a gestarse a partir de la Revolución de Ayutla.
Después de la intervención norteamericana y de la pérdida de más de la mitad de territorio mexicano, en el contexto del conflicto México-Estados Unidos, el gobierno conservador de Santa Anna se vio mermado política y militarmente.
En marzo de 1854, el pronunciamiento del Plan de Ayutla dio origen a la revolución que se conoce con el mismo nombre; originada en el estado suriano de Guerrero, impulsada por Juan N. Álvarez, Florencio Villarreal e Ignacio Comonfort, buscó establecer un Estado republicano, federal democrático y laico; este último rasgo fue diametralmente opuesto a lo consignado en la Constitución de 1824 durante la primera república.
El Plan de Ayutla, eminentemente de carácter liberal, buscó sentar las pautas para darle cauce institucional a las pretensiones de consolidación de un Estado mexicano de carácter civil y promovió el acotamiento del poder político y económico de la iglesia; en el aspecto social, la revolución de Ayutla ofreció acabar con la organización de tipo estamental que pervivía en nuestro país y cuyo origen se remontaba a los tres siglos de dominación española.
En el aspecto jurídico político, la propuesta del Plan de Ayutla se centraba en promover la organización de un nuevo Congreso Constituyente, cuya labor sería darle al país la oportunidad de contar con instituciones de carácter eminentemente liberal.
En octubre de 1855, al triunfo de la Revolución de Ayutla, Juan Álvarez fue nombrado presidente provisional y, durante su corta gestión, entró en vigor la Ley Juárez, la cual buscó la extinción del fuero militar y eclesiástico, supeditando a todos los habitantes del país a los tribunales del orden civil. Asimismo, durante ese periodo se lanzó la convocatoria para la realización del Congreso Constituyente.
En diciembre de 1855, Ignacio Comonfort relevó en la presidencia a Juan Álvarez y, durante su primer mandato, se dio a la tarea de sofocar el movimiento contrarrevolucionario que estalló en Puebla. La primera Ley Orgánica del Registro Civil vio la luz durante ese periodo, con lo que se secularizarían los cementerios, y también entró en vigor la Ley Lerdo; andamiaje jurídico con el cual se procedería a la desamortizaron los bienes eclesiásticos.
Por otro lado, el 18 de febrero de 1856 comenzaron los trabajos del Congreso Constituyente, el cual habría de sesionar a lo largo de todo un año para dar nacimiento al segundo texto constitucional de carácter federal y republicano en la historia de nuestro país; dicha Carta Magna entraría en vigor el 5 de febrero de 1857.
Fuentes:
- El Congreso Constituyente de 1856, Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones de México – Secretaría de Cultura. México 2018.
- Plan de Ayutla, disponible en: https://bit.ly/3uNWgYD, consultado el 14-02-2022.