Con la caída de Antonio López de Santa Anna, al término de la Revolución de Ayutla, se estableció un gobierno de corte liberal, con Juan N. Álvarez a la cabeza primeramente y después por Ignacio Comonfort; durante el gobierno de este último se iniciaron los cambios legales que posibilitaron la escisión del Estado y la Iglesia en nuestro país.
Fuente: https://bit.ly/2UJTnpS
Los ordenamientos normativos aprobados en el Congreso a partir de 1855, enfocados, entre otras cosas, a reducir el poder clerical, fueron conocidos como Leyes de Reforma; personajes liberales prominentes, miembros del gabinete del entonces presidente Comonfort participaron en su elaboración.
José María Iglesias, quien fuera ministro de Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública, fue el autor de la Ley de Obvenciones Parroquiales –mejor conocida como Ley Iglesias—la cual fue publicada el 11 de abril de 1857.
Dicho ordenamiento buscó regular el cobro de los servicios eclesiásticos ofrecidos por la Iglesia. Los llamados aranceles de derechos parroquiales, los cuales permitían el cobro de bautismos, amonestaciones, casamientos y entierros, fueron anulados con la aprobación y entrada en vigor de la ley en comento[1].
El ordenamiento prohibió expresamente el cobro de estos servicios a los pobres; en su artículo 2 se estableció:
… se considerarán como pobres todos los que no adquieran por su trabajo personal, por el ejercicio de alguna industria, o por cualquier título honesto, más de la cantidad diaria indispensable para la subsistencia, y cuyo mínimum designara respecto de cada Estado o Territorio, su gobernador o jefe político, debiendo hacerlo los quince días de la publicación de esta ley en la capital del mismo Estado o Territorio.
En el artículo 5 de la Ley Iglesias, se estableció que, al ejecutar los cobros eclesiásticos pasando por alto la condición de los pobres, se actualizaría el supuesto para hacerse acreedor de una multa, que ascendería hasta tres veces más a lo indebidamente cobrado.
La promulgación de esta ley y la entrada en vigor de la Constitución de 1857, afectaron considerablemente los intereses del clero y del ala política conservadora del país, lo que en buena medida precipitó el inicio de la guerra de las Leyes de Reforma o Guerra de los Tres años a finales de 1857.
[1] “La Ley Iglesias”, disponible en https://bit.ly/2HsdMXK, consultado el 7-04-2020.