En 1997 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el día 26 de junio como el Día internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura. En el primer párrafo del artículo 1° de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes se definió a la tortura como: “Todo acto por el cual se aflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales con el fin de obtener de ella o de un tercero, información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras”. [1]
Fuente: https://bit.ly/2CwVLZH
Desafortunadamente, la tortura es una práctica que aún sigue presente en muchos países. A inicios de este siglo XXI, en el año 2002, se implementó el Protocolo Facultativo de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, con el que se enfatizó el derecho de toda persona a no ser sometida bajo ninguna circunstancia a malos tratos o a situaciones de tortura.
De acuerdo con este protocolo, las medidas de prevención son fundamentales para evitar que se sigan presentando casos de tortura en el mundo.
La tortura suele darse de manera extrajudicial; tiene lugar en lo oculto y, frecuentemente, se da al amparo de las instituciones del Estado. Amnistía Internacional señala que los gobiernos, con regularidad, aplican una serie de esfuerzos en negar y encubrir los casos de los que tienen conocimiento, en vez de llevar a cabo la realización de investigaciones exhaustivas respecto de las denuncias.[2]
Asimismo, en una encuesta realizada por esta organización en 21 países, se señaló que el 44 por ciento de los encuestados temen ser torturados si son detenidos y el 80 por ciento pugna por leyes más enérgicas para proteger a las personas de esta actividad criminal clandestina.[3]
En México, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de 2003 a 2013 hubo alrededor de mil 505 denuncias de tortura; pero se cree que la cifra es mucho más alta debido a los numerosos casos que no se denuncian en nuestro país[4]. En solo tres años, de 2010 a 2013, la CNDH recibió más de 7 mil quejas por actos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes perpetrados por autoridades.[5]
El 26 de junio de 2017, para atender esta problemática, el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos expidió la Ley General Para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en cuyo artículo 1 se reconoce:
La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en todo el territorio nacional.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deberán promover, respetar, proteger y garantizar en todo momento el derecho de toda persona a que se respete su integridad personal, protegiéndosele contra cualquier acto tortura y otros tratos o penas, inhumanos y degradantes[6].
Promover una cultura de reconocimiento, respeto y garantía de los derechos humanos es uno de los mecanismos más reconocidos para erradicar prácticas tan deleznables como la tortura y, al mismo tiempo, es una obligación fundamental del Estado; principal responsable de prevenir, investigar, sancionar a los victimarios y de dar atención integral y de proceder a la reparación del daño de las víctimas del delito de tortura.
[1] “Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”, disponible en https://bit.ly/2JcJUi5, consultado el día 21-06-2021.
[2] “Tortura”, en Amnistía Internacional, disponible en https://bit.ly/2K7glyV, consultado el día 21-06-2021.
[3] Ibíd.
[4] Alcalá Montaño, Alfredo, “Día internacional de apoyo a las víctimas de tortura”, en Milenio, disponible en https://bit.ly/2lrIO7M, consultado el día 21-06-2021.
[5] Ibíd.
[6] Ley General Para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, disponible en https://bit.ly/3zA6lrU, consultado el 21-06-2021.
