El inicio del periodo histórico que se identifica como la época de la Reforma, comenzó en 1854 con el estallido de la revolución de Ayutla; levantamiento armado dirigido por políticos y militares de corte liberal y encabezado por personajes como Juan Álvarez e Ignacio Comonfort. Su propósito fue derrocar al gobierno conservador de Antonio López de Santa, lo cual consiguieron el 12 de agosto de 1855.
Retrato de Juan Nepomuceno Álvarez Hurtado, óleo sobre tela (autor desconocido).
Fuente: https://historiauniversal.org/juan-alvarez/
Con el ascenso de Juan Álvarez a la presidencia de la república en octubre de 1855 y la llegada de Ignacio Comonfort, quien lo relevó apenas dos meses después, los liberales mexicanos del siglo XIX emprendieron la tarea de socavar el poder político, económico y social de la institución clerical, y de la cúpula que se encargaba de su administración, con el objeto de lograr la tan deseada laicidad del Estado. Para lograrlo, se expidieron una serie de ordenamientos conocidos como Leyes de Reforma.
Impulsada durante la presidencia interina de Comonfort, la Ley de Desamortización de Fincas Rústicas y Urbanas Propiedad de las Corporaciones Civiles y Religiosas, conocida comúnmente como Ley Lerdo, se promulgó el 25 de junio de 1856. Fue concebida y redactada por el entonces ministro de Hacienda Miguel Lerdo de Tejada, quien fuera hermano del también político y jurista liberal Sebastián Lerdo de Tejada.
Retrato de Miguel Lerdo de Tejada, óleo sobre lienzo. Salón de los Retratos de los ex Secretarios de Hacienda.
Fuente: https://www.apartados.hacienda.gob.mx/galeria_secretarios/html/21.html
El ordenamiento perseguía un objetivo preciso: dotar a la propiedad de un dinamismo económico hasta entonces negado. Desde la óptica liberal, el verdadero problema era el estancamiento de los bienes inmuebles y terrenos, cuyo control corporativo lastraba el progreso del país frente a otras naciones, por lo que resultaba imperiosa la intervención del Estado.
La norma indicó que las propiedades de las corporaciones en manos muertas –es decir, aquella cuya libre venta o adquisición estuviera restringida por sus propietarios—fueran subastadas o adquiridas por sus arrendatarios. Sin embargo, su artículo 8 eximió de la ley los inmuebles destinados al servicio institucional: conventos, palacios episcopales y municipales, colegios, hospitales, hospicios, mercados, casas de corrección y de beneficencia.
Para la institución clerical, el golpe asestado desde la aplicación de la norma significaba la reducción misma de su riqueza; durante la época colonial la Iglesia había acumulado tal poder económico que incluso jugó el papel de institución crediticia, lo que permitió un importante desarrollo comercial para el Virreinato de la Nueva España.
La generación liberal que impulsó estos ordenamientos buscó minar al máximo el poder del clero y de la institución milenaria a la que pertenecía, pero sin desencadenar un choque directo que derivara en un levantamiento armado.
Casimiro Castro, Interior de la Catedral de México, litografía siglo XIX. Imagen tomada del libro: México y sus alrededores, 1855-1856.
Fuente: https://www.inehrm.gob.mx/en/inehrm/Galeria_La_Ley_Lerdo
No obstante, la aplicación de la Ley Juárez, la Ley Lerdo y la posterior redacción y aplicación de la Ley Iglesias, junto con la aparición del texto constitucional de 1857, provocaron una nueva guerra civil en el país, la cual duraría tres años y sumiría a la nación en una nueva crisis política y en la quiebra económica.
Fuentes:
Cortés Guerrero, José David, “Desafuero eclesiástico, desamortización y tolerancia de cultos: una aproximación comparativa a las reformas liberales mexicana y colombiana de mediados del siglo XIX”, en Fronteras de la Historia, núm. 9, 2004. Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Bogotá, Colombia. Pp. 93.128
Ley de Desamortización de Fincas Rústicas y Urbanas Propiedad de las Corporaciones Civiles y Religiosas, disponible en https://acortar.link/J2j1y0, consultado el día 20-06-2025
