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Al final de la lucha por la Independencia de nuestro país confluyeron diversas situaciones políticas y económicas que finalmente desembocaron en la ruptura de la colonia novohispana con la metrópoli.
Después del fusilamiento de José María Morelos en diciembre de 1815, el movimiento insurgente sufrió un decaimiento considerable; su control de territorios significativos se redujo a la presencia de pequeños grupos guerrilleros apostados sobre todo hacia el suroeste del territorio novohispano bajo el mando de personajes como Vicente Guerrero, Juan Álvarez, entre otros. El regreso de Fernando VII al trono del reino español en 1814, coincidió con el nadir de la insurgencia; el desconocimiento de la Constitución de Cádiz por el monarca propició nuevamente un férreo control de las posiciones ultramarinas y el fortalecimiento del realismo en la Nueva España.
A pesar de la imposición del absolutismo por parte de Fernando VII y de la persecución hacia los defensores del liberalismo monárquico en la península, en marzo de 1820 la revolución liderada por Rafael de Riego y Antonio Quiroga consiguió que el monarca jurara el texto constitucional de 1812. La Constitución Política de la Monarquía Española constriñó el poder del rey y estableció el ejercicio de un Poder Legislativo por Cortes electas; propició la aparición de un sistema de justicia independiente, así como derechos civiles fundamentales que acotaron a los poderes públicos. Las repercusiones de la promulgación en el mundo novohispano no se hicieron esperar. En marzo de 1820 se promulgó nuevamente el texto constitucional de Cádiz en territorio novohispano, lo que representó la cresta de la ola que se llevaría los privilegios de las clases dominantes en la administración pública, el clero y la organización militar de la colonia. La desaparición de fueros para los miembros de la iglesia y del ejército, fue una de las principales motivaciones políticas para que se buscara concretar la independencia novohispana.
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Agustín de Iturbide, quién luchó en contra de la insurgencia y en defensa del orden establecido en la colonia, fue elegido por quienes se integraron en el movimiento separatista conocido como la Conspiración de la Profesa, con el propósito de lograr la independencia de la Nueva España. El grupo dirigido por el clérigo Matías Monteagudo, rechazaba enérgicamente los principios liberales presentes en la Constitución de Cádiz, pero reconocía la autoridad de Fernando VII como soberano indiscutible del territorio novohispano.
La visión política y estratégica de Iturbide lo llevó a reconocer que la emancipación administrativa de la metrópoli no sería posible si la pugna prevalecía entre el realismo y la mermada insurgencia. Por ello, a partir de noviembre de 1820, buscó acercarse a los líderes insurgentes más importantes y sobre todo estableció una comunicación epistolar constante con Vicente Guerrero con el fin de construir un solo bloque que apoyara la independencia novohispana.
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Entre los últimos meses de 1820 y los primeros de 1821, Iturbide maduró la propuesta política con la cual unificó y abanderó el último tramo del movimiento de independencia; se trató del Plan de Iguala. En dicho documento llamó a la unidad de los diversos sectores sociales presentes en el virreinato; apeló a la existencia de un pasado común el cual fue posible a partir de la conquista y la posterior colonización del reino español, lo que permitió la diseminación de costumbres y creencias, así como la prevalencia del lenguaje español.
Compuesto por veintitrés puntos, el Plan de Iguala advirtió la pretensión de que los territorios novohispanos se convirtieran en una monarquía a cuya cabeza estaría Fernando VII; no obstante, si el monarca español se negaba a tomar el trono, una Regencia se haría cargo del gobierno mientras se elegía a un soberano. Asimismo, en el proyecto se anunció la organización de un Congreso Constituyente por parte de la Junta y la redacción de un texto constitucional, así como la formación del Ejército de las Tres Garantías quien se encargaría de sostener la nueva administración imperial; para garantizar la paz política, se anunció la prevalencia de fueros para el sector clerical.
Iturbide firmó el Plan de Iguala el 24 de febrero de 1821 en la localidad del mismo nombre, en el hoy estado de Guerrero; se proclamó cinco días después ante la población y las tropas que lo acompañaban.
Aunque se sumó al bloque político-militar en favor de la independencia del territorio, Vicente Guerrero no firmó el Plan de Iguala ni tampoco tuvo parte en la redacción del mismo. Iturbide concibió el contenido del documento producto de diversas consultas con personas de su confianza entre las que se encontraban abogados, militares y eclesiásticos.
La proclama del Plan de Iguala sería el primer paso importante para la conquista de la independencia y el nacimiento del Primer Imperio Mexicano.
Fuentes:
Del Arenal Fenochio, Jaime, “”El Plan de Iguala como ley fundamental del Estado mexicano independiente”, en Cuadernos Intercambio sobre Centroamérica y el Caribe, vol. 19, núm. 1, Universidad de Costa Rica. Costa Rica, 2021.
Gamas Torruco, José, “La Constitución de Cádiz de 1812 en México”, en Biblioteca Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, disponible en https://acortar.link/eE8qFZ, consultado el 23-02-2024.
Soberanes Fernández, José Luis, “El primer congreso constituyente mexicano”, en Cuestiones Constitucionales, núm. 27, pp. 311-381. Universidad Nacional Autónoma de México. Distrito Federal, México, 2012.
