Fuente: https://bit.ly/3CKU6K8

La lucha por la Independencia de México duró aproximadamente once años. Desde el comienzo de la lucha armada en la madrugada del 16 de septiembre de 1810 y hasta la consumación de esta el 27 de septiembre de 1821, la revolución insurgente tomó diferentes caminos sinuosos, que fueron delineando la vía para conquistar la emancipación política, económica y clerical de la metrópoli.

Los primeros asomos independentistas se dieron en el seno del Ayuntamiento de la Ciudad de México, poco después de que Napoleón Bonaparte invadiera la península y obligara a los reyes españoles a abdicar para imponer en el trono del reino español a su hermano José Bonaparte a mediados de 1808. La repentina irrupción del ejército francés propició que en ultramar se hablara con mayor detenimiento de la soberanía y del hecho que esta dimanaba del pueblo en ausencia del monarca.

La conspiración de Querétaro, de la cual formó parte la primera generación de insurgentes, entre los que se encontraban personajes como Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Ignacio Aldama, entre otros, veía como una necesidad de la organización política virreinal la conquista de derechos importantes para el sector criollo, que le asegurasen una mayor participación entre los puestos más altos de la burocracia novohispana y en el sector eclesiástico, sin que ello implicara necesariamente una total separación de la corona española.

El sucesor de Hidalgo, José María Morelos, maduró de manera más significativa su proyecto político para la América Septentrional. El propósito de la lucha armada, de acuerdo a lo visualizado por el líder insurgente, además de la inminente independencia de la corona española, era lograr la conformación de una nación unida por un pasado en común y por la religión.

El Congreso de Anáhuac impulsado por Morelos, dio a luz el documento que hoy conocemos como Constitución de Apatzingán y, en este, se plasmaron las primeras aspiraciones para la organización política del Virreinato de la Nueva España al término de la revolución de independencia; la división de Poderes, ya mencionada por Morelos, en sus “Sentimientos de la Nación” anunciaba el profundo conocimiento del cura sobre el nacimiento y construcción de los futuros Estados modernos, que comenzarían a formarse durante el Siglo XIX.

Con la muerte de Morelos, la lucha insurgente se disgregó y se redujo a la proliferación de grupos o células guerrilleras focalizadas en ciertos territorios en los que establecían sus dominios. Con el regreso de Fernando VII a la Corona en marzo de 1814, la abolición de la Constitución de Cádiz permitió endurecer y al mismo tiempo fortalecer al realismo virreinal, al que sólo le restaba asestar el golpe de gracia para librarse de la insurgencia y terminar por completo con la lucha independentista.

No obstante, en marzo de 1820, el general y político liberal español Rafael de Riego, encabezó un movimiento que obligó a Fernando VII a aceptar y jurar la Constitución de Cádiz, estableciendo con ello el nacimiento de la primera Monarquía constitucional moderada en el reino español. Las consecuencias en las posesiones ultramarinas se dejaron sentir de manera inmediata, pues el liberalismo peninsular tenía el objetivo de privilegiar el orden civil por encima del fuero militar y eclesiástico, lo cual, trastocaba los privilegios de los sectores más encumbrados en la Nueva España.

La Conspiración de la Profesa, una serie de juntas secretas a las que asistían personajes de las altas esferas militares, eclesiásticas y gubernamentales de la Nueva España, dirigidos por el canónigo Matías Monteagudo, vieron como una necesidad apremiante lograr la independencia novohispana como un último pero necesario movimiento político para evitar la imposición de los criterios liberales inmersos en el constitucionalismo de Cádiz, que amenazaba con llevarse sus privilegios.

Agustín de Iturbide, fue el elegido por los conspiradores de la Profesa y, en unos meses, no sólo se posicionó como el personaje de mayor relevancia política en la Nueva España, sino que hizo a un lado el propósito original que se le había encomendado, atrayendo al mismo tiempo a los líderes insurgentes, quienes lo veían con cierto recelo, pero que vieron en su propuesta una inimaginable oportunidad para terminar con una guerra que llevaba once años asolando el territorio en diferentes proporciones.

El Plan de Iguala de febrero de 1821 fue el documento con el que se unificó a insurgentes y realistas para lograr la independencia de nuestro país. Interesantemente, Iturbide propuso la creación de una monarquía constitucional moderada semejante a la establecida en España y, además, que esta estuviera a cargo de Fernando VII o de cualquier otro miembro de la casa reinante a quien se le ofrecería la Corona.

En agosto de 1821 se firmaban los Tratados de Córdoba, entre Iturbide y el último representante de la Corona nombrado como Jefe Político Superior de la Nueva España: Juan O’Donojú. Al firmarse los tratados, la entrega de la Ciudad de México se pactó para el día 27 de septiembre del mismo año; tal como se había acordado, el Ejército de las Tres Garantías entró triunfante a la ciudad, con lo cual se consumó la independencia de lo que sería el Primer Imperio Mexicano.

El 24 de febrero de 1822, se instaló el primer Congreso en México, el que en un principio manifestó su animadversión en contra de los planes de encumbrar a Agustín de Iturbide como monarca de lo que antes fuera territorio novohispano. No obstante, Agustín Primero recibió la Corona el 21 de julio de 1822 para después disolver al Congreso el 31 de octubre del mismo año, con lo cual pretendió acallar las demandas liberales que pugnaban por el establecimiento de una República.

Sin embargo, el Primer Imperio Mexicano nunca se consolidó. Antonio López de Santa Anna, militar en ese momento de corte liberal, se sublevó con el Plan de Casa Mata en febrero de 1823 y a él se adhirieron distintos ex insurgentes que habían apoyado a Iturbide en el proyecto de independencia. Ante la inminente presión, Iturbide abdicó a la corona el 19 de marzo y salió al exilio, dejando un vacío de poder y permitiendo la reorganización de los diferentes grupos políticos para el establecimiento de una república.

Finalmente, el 7 de noviembre de 1823, después de una convocatoria  democrática, se instaló el Congreso Constituyente que aprobaría el 31 de enero de 1824, el Acta Constitutiva de la Federación y que el 4 de octubre de ese mismo año, daría a luz a la primera Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.